Viernes 18 de marzo de 2016
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Departamentales
Irregularidades se suman a las denuncias de corrupción contra Panozzo
Un área de auditoría creada por la actual gestión para revisar los manejos del actual presidente del CGE elevó un informe que detalla algunos movimientos fuera de reglamento. Panozzo está imputado y su cargo se estudia en el Senado.
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Panozzo está imputado y su cargo se estudia en el Senado.
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e la redacción de INFORME DIGITAL Un informe parcial elevado este jueves al Concejo Deliberante de Chajarí desde el Órgano Ejecutivo para el Control de la Legalidad y Auditoría Contable Interna Municipal, creado en diciembre, advierte sobre "señalamientos puntuales que podrían constituir posibles y serias irregularidades en la administración de los fondos públicos del municipio, durante la última gestión municipal”. El informe suma elementos a las sospechas que pesan sobre el ex intendente de Chajarí y actual presidente del CGE José Luis Panozzo, respecto de manejos irregulares en ventas de terrenos fiscales, compras y contrataciones públicas durante su gestión municipal. El funcionario está imputado en la causa que investiga el Fiscal Maximiliano Larocca Ress. Observaciones En el documento se mencionan, entre otros puntos: “metodología de fragmentación de las compras, para evitar los llamados a licitación”, como en el caso del cerramiento de la Planta de Tratamiento, para el cual “en el término de un mes de abonó a un proveedor $ 153.562, fraccionado en ocho facturas (la mayoría de $19.900), para no pasar el límite permitido”. También se indica que en compra de materiales se registran deudas por $ 1.353.108,43 correspondiente a 541 órdenes de compra del mes de octubre del año. "Son entregas de materiales a domicilio, no habiendo documentación y/o resolución que avale o justifique cada entrega”, precisa el informe, que sospecha de “una cuestión electoral". Por otra parte, “no hay expedientes de cotejo de precios y pagos realizados no se condicen con el grado de avance de distintas obras”, por ejemplo en la Pasarela Peatonal del barrio Salto, la senda peatonal en la Av. Padre Gallay, o la senda peatonal en el camino hacia el complejo termal. El Órgano Ejecutivo para el Control de la Legalidad y Auditoría Contable Interna Municipal, fue creado para realizar "el control de la legalidad de actos de gobierno de la anterior gestión, como así también de llevar actividades de Auditoría Contable Interna, teniendo en consideración las observaciones que realizó el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos y la sospecha de posibles actos de corrupción". Está integrado por dos concejales de la mayoría Cambiemos -Marcelo Borghesan y Andrés Ferreyra-; por el secretario del Concejo Gabriel Cechetto y por un concejal de la minoría que hasta el momento no se integró. La Causa Las complicaciones judiciales de Panozzo comenzaron en julio del año pasado, cuando los entonces ediles Gabriela Lena, José Antonio Fochesatto, Rubén Alberto Dal Molín, y Avelino Esteban Pezzini presentaron una investigación donde dieron cuenta de una supuesta venta ilegal, a precios irrisorios, de terrenos municipales a particulares que tendrían un estrecho vínculo con las autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y legislativo local. En la denuncia se sostiene que tras un proceso licitatorio de "dudosa difusión pública", quienes accedieron a la compra directa de los terrenos del Estado "no son otros que hijos, hermanos, padres y parejas de Concejales y funcionarios de la Municipalidad, e incluso ex funcionarios de alto rango". En rigor, según la investigación de los concejales opositores, los lotes habrían sido adquiridos por cifras cercanas a los 200 mil pesos por el hijo de Alicia Peliquero, Secretaria de Gobierno y Hacienda; el padre y la prima de la Concejal Julieta Racigh; la pareja de Pablo Lalosa, Secretario de Obras y Servicios Públicos; y la hermana de Matías Díaz, Director Municipal de Obras Públicas. Según la demanda, los lotes habrían sido adquiridos a 150 pesos por metro cuadrado.
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