E

l capitán retirado Marcos Rodríguez, a quien se le hiciera un allanamiento este lunes en una casa quinta de Paraná, se suicidó este jueves por la mañana en un hotel de Rosario, utilizando un arma de fuego. El ex militar se encontraba con su esposa, quien dio aviso a sus familiares directos. La información fue confirmada por su hijo, el funcionario provincial Marcos Rodríguez Allende. Sobre el ex militar de Ejército Argentino pesaba una orden de detención dictada por el juez federal Juan Carlos Vallejo, subrogante en Formosa, que lleva adelante una causa por crímenes de la dictadura en esa provincia. El abogado y funcionario Marcos Rodríguez Allende se enteró poco antes de las 10 del deceso de su padre, quien se encontraba en un hotel de Rosario, junto a su esposa. Rodríguez Allende, titular del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos, totalmente conmocionado por el hecho, confirmó del deceso de su padre e incluso acotó que había tomado la drástica decisión utilizando un arma de fuego. El lunes, en horas de la siesta, hubo un operativo en la zona de quintas del acceso norte, en calle Fray Bartolomé de las Casas, en la búsqueda del militar, quien estaba prófugo de la justicia federal formoseña. La orden de detención había sido dictada por el juez federal Juan Carlos Vallejo, subrogante en Formosa, que lleva adelante una causa por crímenes de la dictadura en esa provincia. Los policías federales allanaron la casa-quinta en horas de la tarde, pero la vivienda estaba deshabitada. Una hija del ex militar se presentó en el lugar, franqueó la entrada y se constató que nadie vivía allí. La mujer, que cumple funciones en la Policía de Entre Ríos, es hermana del abogado Marcos Rodríguez Allende. Según publicó Análisis Digital, el capitán retirado Marcos Rodríguez vive en Paraná, pero enfrentaba una acusación por hechos en su paso por el Regimiento de Formosa. Entre 1975 y 1978 fue jefe de la Sección Intendencia, es decir, integraba la plana mayor, y tenía a su cargo las finanzas de la unidad militar por la que pasaron más de un centenar de presos políticos. Estaba acusado de “privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y desaparición forzada de personas”.