D

e la redacción de INFORME DIGITAL Mediante un comunicado dado a conocer este lunes, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) manifestó que rechaza “enérgicamente declaraciones del Consejo Empresario de Entre Ríos que intenta limitar los derechos de los jubilados” y exige “nuevamente un posicionamiento del Ejecutivo provincial”. La queja empresarial La reacción docente fue generada de ciertos postulados de la entidad empresaria volcados en una publicación sobre la situación de la provincia editada hace cuatro meses y retomada este domingo en una nota periodística referida al déficit de la Caja de Jubilaciones. En ella, los empresarios afirman que “no es la Caja deficitaria por fallas de gestión, sino por la definición de sus parámetros” y cargan contra la edad para jubilarse por la provincia y las pensiones por viudez vigentes. Los empresarios cuestionan, por ejemplo, que las mujeres entrerrianas pueden jubilarse a los 57 años y los hombres, a los 62, mientras que en la órbita nacional es a los 60 y a los 65 años. Así, fustigan: “una empleada pública aporta el 32% de su salario durante 25 años y luego cobra el 82% de su salario durante 24 años”, advierten. La reacción docente “Nos llama poderosamente la atención que sectores patronales que sólo recurren al Estado para beneficiarse y realizan permanentes presiones para no cumplir con sus obligaciones económicas, desfinancian al Estado y son responsables del trabajo en negro, se tomen licencia para opinar abiertamente sobre cuál debe ser el sistema previsional para los trabajadores del Estado en la provincia de Entre Ríos”, comienza el comunicado de Agmer enviado a INFORME DIGITAL. “Son merecedores de todo nuestro repudio por tan desafortunadas declaraciones”, califican. La conducción gremial entiende que “estos representantes patronales pretenden que el Estado se financie con los impuestos que pagamos los trabajadores, y que cedamos derechos y salario para mantener sus posiciones de privilegio y exenciones”. En contrapartida, desde el sindicato se sugiere a los empresarios “financiar al Estado con los excedentes de ganancias que obtienen gracias a la fuerza de trabajo de sus empleados, a quienes también mal pagan y en muchos casos negrean o mantienen en precarias condiciones laborales”, castiga el parte d eprensa. Sobre el devenir de la Caja jubilatoria, Agmer considera que “no alcanza con las gestiones del gobierno provincial sobre los recursos coparticipables, las que consideramos de justicia histórica, sino también una clara posición política de defensa del sistema público previsional y explicitar que ningún cambio se hará, si es que piensa hacerse, a espaldas de los trabajadores”. En cuanto al efectivo déficit del organismo, los docentes plantean que “exigimos nuevamente que todos los aumentos salariales sean en blanco y la remuneratividad de lo correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cual da justicia a nuestros jubilados y garantiza financiar la Caja”. A su vez, recuerdan manifestarse “una vez más en la defensa irrestricta de la Ley de Jubilaciones 8732”. “Alerta y movilización” Agmer se declaró “en alerta y movilización” ante las versiones cuestionadas y convocó “a la unidad de todos los trabajadores ante cualquier intento de transformar a nuestra Caja de Jubilaciones en objeto del ajuste por situaciones financieras que no hemos generado los trabajadores sino los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales”. Por último, exige “a los funcionarios de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a no ser nuevamente cómplices y funcionales representantes de estos sectores de poder real y respeten los derechos de los trabajadores” y al gobernador Gustavo Bordet a “que reitere públicamente lo que manifestó a la conducción provincial de Agmer, cuando aseguró que no se iba a tocar la Ley de Jubilaciones de la Provincia”, citando también al “ministro de Economía Hugo Ballay, que se comprometió a recuperar fondos que deberían provenir de la Nación”.