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e la redacción de INFORME DIGITAL El contador Sergio Granetto asumió este lunes como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), en reemplazo de Marcelo Casaretto. Uno de los primeros compromisos que formuló el nuevo funcionario fue darle más "transparencia" al organismo que sufrió el mayor desfalco que se conoce en la provincia y que se investiga en sede judicial. Si bien Granetto no habló directamente de la causa Ater, en su primer mensaje público como titular del ente prometió transparencia: “en sintonía con los ejes que ha trazado el gobernador, vamos a implementar medidas tendientes a la dinamización del organismo acercando los servicios a los contribuyentes, profundizando la transparencia y promoviendo mayor equidad tributaria”, dijo según un parte de prensa oficial enviado a INFORME DIGITAL. Asimismo, Granetto destacó la voluntad de “fomentar el diálogo con todos los sectores”, esto es, municipios, entes tributarios, universidades, colegios profesionales y otras instituciones intermedias. “Consideramos que el intercambio con los diversos actores y organizaciones de la comunidad resultan importantes para lograr una administración eficiente y sostenible”, indicó. Finalmente, señaló que: “confío en la convocatoria de trabajo que lograremos con el personal de la ATER y el equipo directivo que se desempeñará, puesto que el conocimiento, la experiencia y el entusiasmo son factores determinantes para lograr los objetivos y metas de gestión”. Ater viene de estar en el centro de la escena luego de que estallara una escandalosa estafa al Estado en la que quedaron involucrados una larga lista de contribuyentes y la jefa de Despacho del organismo recaudador, Estrella Martínez de Yankelevich y el jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión -que fueron exonerados en octubre pasado- a través del sistema de compensaciones de deuda. La modalidad era borrar los impuestos falseando una supuesta compensación de deuda con créditos fiscales. El ex director Ejecutivo del organismo, Marcelo Casaretto, fue quien denunció penalmente -en junio de 2014- fraudes ocurridos en tres periodos: uno que va de 2012 al 2014, otro que es hacia atrás del 2012 al 2008, y el periodo tres que va desde el 2007 hasta el 2003. En una de sus últimas declaraciones públicas sobre el tema, el ex funcionario dijo que hubo un fraude por 65 millones de pesos, y que de ese monto, 45 millones "son a valores históricos más las multas y accesorios". La causa está en manos de los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola (auxiliar) y de la jueza Marina Barbagelata.