E

l Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital dará a conocer este martes, por la tarde, la sentencia en el juicio oral en la causa en la que se investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal “Once de septiembre” y que produjera 51 víctimas fatales y 789 lesionados. Previamente, el tribunal -integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta- dará la posibilidad a imputados de decir sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto. Se encuentran acusados Sergio Claudio Cirigliano y Mario Francisco Cirigliano (empresarios de TBA y Comentrans), Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch (ex apoderado de la entonces empresa concesionaria TBA), Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto D’Abenigno, Jorge Alberto de los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, Roque Ángel Cirigliano, José Doce Portas, Juan Pablo Schiavi (ex secretarios de Transporte de la Nación), Ricardo Raúl Jaime (ex secretario de Transporte de la Nación), Pedro Ochoa Romero (ex interventor de la CNRT), Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná (ex jefes del área de material rodante de TBA), Antonio Eduardo Sícaro, Marcos Antonio Córdoba (motorman). De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, todos, a excepción de Córdoba, se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública (previsto por el artículos 174 -inciso 5°- en función del 173 -inciso 7°- del Código Penal) y descarrilamiento culposo (196 -primer y segundo párrafos-). Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente. En tanto, Córdoba está imputado por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), que tiene una escala de pena de 1 a 5 años de prisión.