E

l ministro de Justicia Germán Garavano se mostró satisfecho por la caída del Memorándum de Entendimiento con Irán y adelantó que el gobierno avanzará en dos direcciones al mismo tiempo: se mandaría al Congreso una ley para juzgar a los sospechosos iraníes en ausencia, algo inédito en la Argentina y de dudosa constitucionalidad para algunos juristas, y paralelamente se harían gestiones para que Irán acepte realizar un juicio en un tercer país. Además, afirmó: “Nunca tuve sobre mi escritorio un proyecto de decreto para desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Jamás me pronuncié en ese sentido. Creo que lo mejor es que ella renuncie, pero tenemos una buena relación institucional”. Por otro lado, dio a entender que los pliegos de los dos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia se podrían debatir en el Senado antes de que juren. “Es algo que puede definir la misma Corte”, redondeó. Garavano dialogó con Radio Del Plata que reprodujo Página/12, unas pocas horas después de que la Cámara de Casación se hubiera expedido sobre el acuerdo con Irán. “Estoy muy satisfecho con lo resuelto por la Casación. Parecía algo que no se iba a resolver nunca por los conflictos que se habían desatado, no sólo sobre el fondo sino sobre las cuestiones procesales. Ahora avanzaremos en dos direcciones. En primer lugar estamos estudiando la posibilidad de que se enjuicie a los sospechosos iraníes en ausencia. Hay varios proyectos de ley. Lo hablamos con Memoria Activa, con la AMIA y la DAIA. Hay matices, desde ya. Están los que opinan que el juicio en ausencia no es una solución adecuada y están los que sostienen que esa es la solución. Estamos estudiando las alternativas y se verán la semana que viene cuando ya esté en funciones Mario Cimadevilla, que estará a cargo de la Unidad AMIA de nuestro ministerio.” Consultado sobre la opinión de León Arslanian y a Julio Maier sobre los juicios en ausencia, quienes señalaron que en este caso, si se aplicara para algo ocurrido con anterioridad, como el atentado, es de dudosa constitucionalidad, Garavano señaló: “Claramente es algo que tendrá que tratar el Congreso. Yo creo que las leyes procesales se pueden modificar mientras no se afecten algunos derechos. Acá el secreto es cómo se garantiza el derecho de defensa del imputado ausente. Esa es la gran pregunta. Y qué alcance se le da a estas sentencias. Es un tema muy técnico. Lo estamos estudiando con Mario Cimadevilla y buscando alternativas”. Además, añadió que estudian la idea de proponer el juicio en un tercer país: “Estudiamos el esquema Lockerbie, que ya se propuso en la época del canciller Rafael Bielsa”. El atentado conocido como el de Lockerbie se produjo en 1988. Un avión de la compañía norteamericana Pan American explotó en el aire porque alguien puso una bomba en un equipaje. El aparato cayó en territorio escocés, en la localidad de Lockerbie. Fueron acusados dos miembros de la inteligencia de Libia, pero ese país siempre negó que tuviera vínculo con el atentado y también se negó a entregar a los sospechosos. Después de 11 años de negociaciones, y tras la intervención como mediador de Nelson Mandela, Libia firmó un acuerdo con Estados Unidos y los dos funcionarios de inteligencia fueron juzgados en Holanda. Por eso se habla, en el caso AMIA, del juzgamiento en un tercer país. En algún momento se mencionó la posibilidad de Marruecos. Por supuesto que para que sea judicialmente válido, deben intervenir los jueces argentinos, empezando por el magistrado que instruye el caso del atentado, Rodolfo Canicoba Corral, reseñó Página/12. “Estudiamos variantes a ese esquema. Y, además, analizamos las dos cosas a la vez, que el juicio en ausencia pueda conducir al juicio en un tercer país. Para ser más claro: instalar el juicio en ausencia en la Argentina y avanzar hacia el juicio en un tercer país. Tal vez sea más fácil ya teniendo el juicio en ausencia en la Argentina lograr un acuerdo para que se haga en un tercer país. Desde ya que esta última alternativa, para que haya acuerdo, tiene que ser con el compromiso de que los imputados iraníes estén presentes. O sea que quienes están acusados sepan que van a ser juzgados, o en ausencia o, si se comprometen a estar, en el tercer país que se elija. El objetivo es que se avance en el esclarecimiento de los hechos. Porque una de las objeciones que hay sobre el juicio en ausencia es que a la otra parte no se la escucha”, marcó. Sobre Gils Carbó, indicó: “Con la procuradora tenemos diferencias, las hemos expresado y nosotros pensamos que lo mejor es que la procuradora dé un paso al costado. Eso sería lo más sano. Mientras tanto tenemos una buena relación institucional, hemos estado hablando. La semana que viene postergaremos la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, en acuerdo con todos los sectores, porque estaba previsto para el 1 de marzo, pero era imposible llegar.” Consultado sobre una posible remoción de la procuradora por decreto, el funcionario lo descartó: “No, yo jamás me pronuncié en ese sentido. Jamás. En algún momento trascendió que había un proyecto de decreto sobre mi escrito. Nunca eso fue así. A nosotros lo que nos interesa es el diseño institucional que hoy está fallido. Es una Procuración que acumuló, por circunstancias políticas, mucho poder y la idea es que el sistema acusatorio ya da mucho poder, de manera que son decisivos los contrapesos. Efectivamente lo que pensamos es en la duración del mandato, el peso en la designación de fiscales, en la remoción, es decir ponerle un montón de límites a la actuación del procurador general. Yo lo fui en la Ciudad de Buenos Aires durante siete años. Tenía una montón de restricciones y me parecían razonables”. Por otro lado, consultado sobre la designación de los jueces de la Corte, dijo: “Nosotros pusimos en marcha rápidamente el procedimiento del decreto 222 de apoyo e impugnaciones a los candidatos. Ya estamos recibiendo posturas sobre eso. Nosotros estimamos que los pliegos deberían estar en el Senado en febrero”, y enfatizó que “la facultad de tomarle juramento previo es de la Corte”. “O sea que es posible que se trate primero en el Senado y recién después juren”, se le preguntó a Garavano. “Esperemos que sí”, dijo. Por último, sobre la intervención de la AFSCA, opinó: “Mire, es una decisión que se tomó en el Ministerio de Comunicaciones. Yo no conozco en detalle las cosas, pero deben tener sobrados motivos para tomar esa decisión. Y el ministro tiene la facultad de intervenir. Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo y, de hecho, el Poder Ejecutivo anterior la ejerció en el Inadi y otros organismos de forma muy habitual. La intervención es una herramienta que usaron todos los gobiernos. Si no, estamos en esto de que el gobierno no puede usar herramientas institucionales, legales o constitucionales para llevar adelante políticas que, finalmente, la población votó. A veces hay funcionarios que se resisten y afectan la gobernabilidad. No es un buen camino cuestionar todas las decisiones del gobierno”.