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l Tribunal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrado por Rubén Chaia, Elvio Garzón y Pablo Vírgala, decidió hacer lugar a los recursos de casación de las defensas de Juan Carlos Klein, Arsenio Santiago Ortman y Carlos José Kranewitter, presidente municipal reelecto, secretario de Gobierno y secretario de Obras y Servicios Públicos, respectivamente, de la Junta de Fomento de Villa Valle María (departamento Diamante), y revocó la sentencia que los condenó por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Así, el Tribunal anuló la sentencia del Tribunal de la Cámara del Crimen Sala II de Paraná, conformado Alejandro Grippo, Elisa Zilli y Marcela Badano, que condenó a los tres ex funcionarios el 10 de septiembre de 2014, y ordenó su absolución. En los fundamentos, los jueces hicieron lugar a los pedidos de los defensores de los acusados, Dres. Nelson Schlotahuer (Defensor de Ortman), Carlos Chemez y Marciano Martínez, señalando en la sentencia que “en efecto, creo que estamos frente a un caso donde los hechos han sido insuficientemente precisados y más aún probados, especialmente en lo que hace al ‘núcleo’ o verbo típico del delito reprochado en sus aspectos objetivos/subjetivos y por supuesto, en lo que refiere a la prueba rendida en autos, con lo que es posible adelantar, que la sentencia carece de fundamentación suficiente”, en referencia a que “hoy, como lo regula expresamente el tipo, parece indispensable además, la presencia de un interés en miras de un beneficio propio o de terceros que debe ser, al menos explicado y de hecho, probado”. También se consideró que “en el caso se debió demostrar un interés en torcer la voluntad de contratación y con ello de beneficiarse o beneficiar a un tercero. No hay elementos que permitan inferir siquiera esa circunstancia. Sólo se esgrimen conjeturas pero se omiten valorar los elementos de descargo, la prueba en su conjunto, lo que resulta arbitrario”. La Cámara sostuvo que “a fuerza de ser reiterativo quiero significar que en esta causa, al requerirse los hechos no se explicó, ni siquiera se señaló la existencia de un ‘interés’ económico o de otra naturaleza. No se expuso cuál es el ‘beneficio’ buscado por cada uno de los encausados los que se sitúan en planos diversos”. El abogado defensor de Ortman, Schlotahuer, publicó en su perfil profesional de facebook que "los acusados fueron sometidos a este dilatado proceso por más de siete años, que respondió exclusivamente a causas políticas, ya que la denuncia la realizó el bloque opositor de la UCR, siendo la postura de inexistencia de un 'interés' que beneficie indebidamente a los funcionarios involucrados".