E

l ministro de Educación de la provincia José Lauritto recibirá al grupo de padres autoconvocados que le reclamaron al Estado provincial que garantice la educación pública a través de un petitorio con la firma de 500 avales. La reunión será este martes por la mañana en la sede del Ministerio de Educación de la provincia. “Debemos recordarles que los motivos del reclamo gremial no sólo son salariales, sino que abarcan el estado de los edificios escolares, la ampliación de las partidas presupuestarias para comedores, partidas de limpieza, etc, siendo lo central el ingreso que reciben los educadores", señaló el petitorio de los padres que también fue dirigido a la titular del Consejo General de Educación (CGE) de la provincia, Claudia Vallori. Los padres autoconvocados entregaron el petitorio el 18 de agosto, solicitándole a los funcionarios "las medidas necesarias que su Función Pública les otorga, para que se dé cabal cumplimiento con el dictado de clases en forma normal y regular”. El escrito fue formalmente ingresado en el despacho del Ministro de Educación, José Lauritto, con pedido de audiencia. La respuesta del Ministro llegó y citó al grupo de padres para reunirse. El encuentro será este martes a las 9, en el despacho del funcionario, según publicó Apf Digital. El petitorio A continuación, se transcribe la carta dirigida al Ministro de Educación, José Lauritto y a la Presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Vallori. “Los padres de alumnos de las escuelas públicas de Paraná, nos dirigimos a Ustedes a fin de formalmente solicitarle arbitre las medidas necesarias que su Función Pública les otorga, para que se dé cabal cumplimiento con el dictado de clases en forma normal y regular”. “Debemos recordarle en esta misiva que en la Argentina la educación es un derecho consagrado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional y en numerosos Tratados Internacionales incorporados a ella”. “La Ley de Educación Nacional (LEN) sancionada a fines del año 2006 establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado (art.2). Atento que es el Estado quien tiene el deber de cumplir con ello, y que actualmente no lo está haciendo, es que exigimos el dictado de los 180 días de clases obligatorios en el sistema federal de educación. La cuestión salarial y los conflictos suscitados con los gremios no es un tema que esté a nuestro alcance solucionar, ni mediar. Por el contrario son Ustedes los funcionarios públicos que representan al Estado quienes deben trabajar para que lo que está sucediendo no ocurra. Son los funcionarios públicos, en este caso Ustedes como responsables de la educación en la Provincia, quienes en forma voluntaria han asumido tal labor y por ende deben desarrollarla para brindarnos a los ciudadanos los mejores resultados”. “En este caso, los ciudadanos directamente perjudicados son los niños que no tienen clases y por ende no tienen educación pública. Durante el 2014 hubo 19 asambleas en las escuelas públicas de Paraná y durante el 2015 van 17 (hasta agosto), en las cuáles no se desarrollan contenidos ni se contabiliza la asistencia. Es sólo una cuestión formal, y hasta mediática, el hecho que por fallos judiciales se obligue a los docentes a concurrir a su lugar de trabajo, atento que mediante las asambleas en los establecimientos no se imparte la educación, y se alienta a que los niños no concurran. No creemos que nuestros hijos puedan recibir una educación acorde con la normativa que impera en nuestro país en un ambiente enrarecido con asambleas de adultos”. “Debemos recordarles que los motivos del reclamo gremial no sólo son salariales, sino que abarcan el estado de los edificios escolares, la ampliación de las partidas presupuestarias para comedores, partidas de limpieza, etc, siendo lo central el ingreso que reciben los educadores. Como padres tenemos suficientemente probado y corroborado que no está garantizado desde el Estado el derecho a la educación de nuestros hijos y esa es nuestra mayor preocupación, ya que se genera una desigualdad con los niños que concurren a escuelas privadas o públicas de gestión privada, en las que sí se dictan los correspondientes días de clases. La educación es un derecho, no es un privilegio”. “La educación en Argentina es pública y gratuita, nosotros la vamos a defender desde nuestro lugar de padres y con las herramientas administrativas y judiciales que a nuestro alcance tenemos, pero ustedes como máxima autoridad de la Provincia con facultades propias a los cargos que ocupan son responsables de garantizar los derechos constitucionales invocados, por ende de no cumplir con ello no estarían haciendo honor a sus funciones”. “El artículo 3° de la LEN –N°26.606- establece que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. Conforme la Ley referida es la Provincia quien tiene la responsabilidad de proveer la educación, que debe ser integral, de calidad y permanente. Pues bien en la actualidad esto no se está cumpliendo”. “No siendo para más saludamos muy atentamente, esperando que sepan entender nuestra mayor y única preocupación que nos lleva a dirigirnos a Ustedes, esto es el futuro de nuestros hijos, el cual se forja con una herramienta indispensable, la educación”.