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n un comunicado de prensa, la CTA expresó que “resulta inadmisible contraponer derechos democráticos y sociales ya que esto en verdad pone en cuestión un enfoque integral sobre los derechos humanos, el cuál históricamente ha sostenido esta Central, con autonomía de clase frente a los gobiernos de turno. Aunque muchos sectores reaccionarios no lo quieran aceptar, el derecho a la protesta es parte constitutiva de nuestra democracia y por eso siempre hemos cuestionado a quienes pretender oponer derechos perfectamente compatibles en un estado de derecho”. “Tan temeraria resulta la afirmación de la jueza de feria Cecilia Bértora de que una huelga docente “daña de manera irreparable el desarrollo integral de los niños”, que siguiendo esta línea podríamos pensar que en el futuro inmediato una huelga de trabajadores de la salud sería la responsable de las fallas en el sistema sanitario; una huelga de trabajadores de la construcción será la responsable de la falta de vivienda o escuelas y hospitales a construir; una huelga de trabajadores campesinos será la responsable de la falta de alimentos o del aumento de sus costos en las góndolas y así de seguido”, afirmaron. “Como ya hemos definido históricamente e institucionalmente en cada instancia reciente, la CTA Entre Ríos respalda las acciones de sus entidades de base en pos del salario, la distribución de la riqueza y la libertad sindical. No admitimos bajo ningún punto de vista el atropello de un gobierno y la corporación judicial contra el derecho a huelga, menos aún cuando sus fundamentos jurídicos se han configurado bajo contextos tan retrógrados para los trabajadores como el fallo Medina de Rizzo en momentos en que Sergio Montiel gobernaba la provincia y miles de trabajadores estatales estaban cesanteados y cobrábamos papelitos de colores que nadie quiere recordar”, enfatizaron, según consignó Apf. “Repudiamos que la Defensoría de Pobres y Menores se preste a esta operación antidemocrática, cuando debería ocuparse de resguardar a niños y adolescentes ante las dificultades de transporte, alimentación, vivienda y seguridad social que aún persisten en impedir el derecho a la educación y la salud de miles de gurises entrerrianos. Sin perder de vista que se trata de discutir el rol del estado que necesitamos para producir los cambios estructurales a favor de nuestro pueblo”, agregaron. “Desde la CTA Entre Ríos respaldamos las acciones de AGMER en resguardo de sus afiliados ante esta embestida judicial y política contra el derecho a huelga y nos hacemos partícipe de cada una de las acciones de sus seccionales de base en pos de sostener un colectivo movilizado por el salario, la educación pública y la libertad sindical”. Firman el comunicado: el secretario General de la CTA Entre Ríos, Luis Gálligo, el secretario Adjunto, Diego Sánchez y el secretario Gremial, Leandro Pozzi.