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l cabo de un debate de siete horas, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo respaldo generalizado de todos los bloques políticos, con 231 votos, en plena campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 9 de agosto. Sin embargo, la oposición no omitió críticas en particular: pidió ampliar el universo de beneficiarios de las asignaciones, adelantar la entrada en vigencia de la ley y equiparar el plus que recibe la Patagonia a las provincias del NEA y el NOA. La flamante ley establece que 9 de las 10 asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714 serán “móviles”, para lo que se aplicará el mismo cálculo del índice de movilidad de la Ley de Movilidad Jubilatoria (26.417). El texto contempla las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, por hijo para protección social (AUH) y por embarazo para protección social. La única no contemplada por la ley es la asignación por maternidad, donde la Anses paga el sueldo completo que percibe la mujer embarazada en relación de dependencia durante los tres meses de licencia. La UCR, el Frente Renovador, el Pro, el Frente Amplio Progresista y el resto de las bancadas opositoras, incluso el Frente de Izquierda, coincidieron en la necesidad de fijar por ley la actualización de estos beneficios, para no dejarlos librados al arbitrio del Poder Ejecutivo de turno, precisó Parlamentario.com. Intervenciones Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti (FpV) se puso al hombro la defensa del proyecto al asegurar que la pobreza disminuyó en la última década debido al “shock de inversión social” del gobierno kirchnerista. “Es muy difícil que hoy tengamos más pobreza con semejantes políticas de ingreso”, analizó el diputado como miembro informante del oficialismo, en plena polémica por este índice. Dicho esto, el diputado porteño destacó que el monto de la Asignación Universal por Hijo aumentó un 265 por ciento desde noviembre de 2009 a noviembre de 2015. De acuerdo al último aumento, dispuesto por el Ejecutivo en junio, la AUH pasó de 644 a 837 pesos, lo que representa un incremento del 30 por ciento, lo que beneficia a más de 3,6 millones de niños y niñas en todo el país. El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Juan Carlos Díaz Roig (FpV) observó que “al aplicar la fórmula de movilidad jubilatoria a las asignaciones familiares, a la Asignación por Embarazo y a la AUH, se perfeccionan los principios de universalidad e integralidad de todo el sistema”. Por el radicalismo, Ricardo Buryaile adelantó el voto positivo del bloque, pero pidió “universalizar” la AUH para que también la perciban los alumnos de colegios privados y los hijos de monotributistas. La UCR también propuso, sin éxito, que el cálculo del índice de movilidad se realice en forma trimestral y que la actualización automática de las asignaciones comience a aplicarse en el próximo mes de septiembre y no en marzo del año que viene. No obstante, la protesta más fuerte tuvo que ver con el plus del 30 por ciento que perciben los chicos de la Patagonia. “No nos parece justo”, se quejó el formoseño Buryaile, aunque reconoció que “es cierto que la vida en el sur es más cara, pero hay que medir los ingresos” en cada región. La neuquina Alicia Comelli (MPN) salió al cruce de estas críticas; negó que este plus sea “caprichoso” y sostuvo que “es mucho más complejo el análisis de la diversidad territorial”. En este sentido, la aliada oficialista pidió analizar, por ejemplo, “cuánto gasta una familia del Sur en el consumo de gas”. Comelli cuestionó a quienes “pretenden discriminar y desentenderse de lo que significa vivir lejos de los centros de distribución, en zonas que están en desventaja, más allá de que producimos la energía que se consume en el país”. Claudio Lozano (Unidad Popular) precisó que “3.677.665 de pibes están afuera de la AUH y 2.569.801 no reciben ninguna prestación”. Si bien respaldó la iniciativa oficial, remarcó que “el objetivo de la asignación es garantizar un valor para que no haya ningún pibe pobre en la Argentina”. Desde la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Alicia Terada se sumó a estas objeciones y también cuestionó que las asignaciones se continúen financiando con los fondos previsionales. Federico Sturzenegger, de Unión Pro, reconoció que “por donde se lo mire es un proyecto para acompañar” y recordó que “desde 1997, cuando se presentó el proyecto original de Carrió, hay 17 proyectos de actualización y son de todos los partidos”. “Somos 257 personas que estamos de acuerdo, lo ponemos por escrito y aun así no actuamos si el proyecto no lo envía el Ejecutivo. Creo que no estamos funcionando bien”, objetó el macrista, y a su vez pidió “el compromiso del FpV para impulsar la universalización de la AUH, porque todavía hay más de dos millones de chicos a los que el oficialismo inexplicablemente se resiste a incluir”. La socialista Alicia Ciciliani, en tanto, consideró que la ley “es muy importante, pero no suficiente para superar la brecha de pobreza”. Por su parte, el electo gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, propuso que “la corrección sea automática por el índice de inflación o el de variación salarial, el que sea mayor”, de acuerdo a un proyecto de su autoría. La diputada del Frente para la Victoria María del Carmen Bianchi destacó que “lo más importante es que institucionaliza una política universal en el marco de una política de seguridad social”. "Con la movilidad automática de las asignaciones familiares, el Gobierno Nacional viene a dar un encuadre de estricta justicia social a las políticas que se han ido implementando durante los últimos doce años”, explicó. Otro kirchnerista, Edgardo Depetri, destacó que “la AUH es la política de distribución del ingreso más importante y eficaz para los sectores populares de los últimos cincuenta años”. “Es la decisión de colocar al Estado como garante de los sectores más necesitados”, insistió. El aliado oficialista Carlos Heller enfatizó que “Argentina mejoró respecto de las políticas de inclusión social y esta herramienta es fundamental para lograr este objetivo”. Asimismo, dijo estar “convencido de que la fórmula elegida para ajustar (las asignaciones) ha sido exitosa en el caso de las jubilaciones”. Carla Carrizo, la diputada del espacio de Martín Lousteau, sumó su adhesión a la iniciativa, pero recordó que “a casi ocho años de sancionada la Ley de Protección Integral a la Infancia, el Congreso todavía adeuda la designación del Defensor del Niño”, y explicó que “no existen sistemas integrales de protección efectivos si no hay instancias de control”. “Solamente en cinco provincias se avanzó con el Defensor del Niño como una figura externa a la administración pública. Cuando hablamos de infancia en Argentina, se dice mucho y se explica poco”, agregó. A su turno, el radical Oscar Aguad advirtió que “el 30 por ciento de incremento en la zona más rica del país (la Patagonia) nos demuestra por qué seguimos retrocediendo” ya que “la torpeza es no haber convertido esos recursos (gas y petróleo) en riqueza”.