Lunes 13 de julio de 2015
  |  
Política
Ordenan pedidos de información en la causa Hotesur y el oficialismo responde
El juez Claudio Bonadio ordenó requerimientos de información a empresas que administran hoteles de la familia Kirchner, en la causa de la cadena Hotesur. Desde el Gobierno denuncian que se "politiza" la causa para ensuciar a Máximo.
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Nuevo movimiento en la causa de los hoteles del sur y reacciones del gobierno.
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urante la mañana de este lunes, una delegación de funcionarios del juzgado federal 11, que encabeza el juez Claudio Bonadio, se apersonó en diferentes lugares de Santa Cruz para entregar "órdenes de presentación" y así obtener documentación sobre la operatoria de la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner. Bonadio emitió órdenes de presentación para Valle Mitre e Idea S.A, las firmas que tuvieron a cargo y tienen -respectivamente- la administración del Hotel Alto Calafate que es propiedad de Hotesur, la empresa hotelera de los Kirchner. Idea S.A. tiene sede en la inmobiliaria de Río Gallegos, donde están las oficinas comerciales de Máximo Kirchner La "orden de presentación" es una instancia del procedimiento previa a un allanamiento. El juez le pide a una empresa privada o a un organismo público que le provea información. Si la documentación requerida por el juez no es entregada se puede realizar un allanamiento. El magistrado también emitió órdenes de presentación para las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Delcurto, Alucom Austral, Badial, La Estación y Don Francisco (dos estaciones de servicio), todas propiedad del empresario Lázaro Báez, porque firmaron convenios con Valle Mitre -también de Báez- para contratar habitaciones en los hoteles de la familia presidencial. Lo que se investiga es que esas habitaciones por las que pagó el empresario santacruceño nunca fueron ocupadas, publicó Infobae. Esa operación es el núcleo de la investigación por lavado de dinero que se realiza para determinar si el empresario que se enriqueció con la obra pública patagónica, envió pagos -por servicios no realizados- hacia las arcas de los Kirchner como parte de una maniobra financiera. Respuesta oficialista Los encargados de contestar mediáticamente a los pedidos de Bonadio fueron el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli y el ministro de Justicia Julio Alak. Fernández consideró que "lo del doctor Bonadio es inconcebible. Hace esto a 17 días de una elección para ver si saca alguna ventajita para (Mauricio) Macri. Uno de los lugares donde requiere información es la oficina donde trabaja Máximo Kirchner, que además es nuestro candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Cruz" fustigó el Jefe de ministros. "Hace meses que dan vueltas arriba del mismo expediente donde no encuentran nada, son datos contables lo que exhiben" cuestionó Fernández. "Nadie dice que no se hagan investigaciones. Queda claro por la desprolijidad que van contra Máximo y la Presidente" estimó el funcionario. Scioli, en tanto, dijo que "llama poderosamente la atención las medidas adoptadas a 17 días hábiles de una elección" y agregó que "todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos esforzarnos para que no se judicialice la política siendo funcional a un sector político determinado". Por su parte, Alak analizó que "tratan de politizar una investigación que no tienen sustento probatorio" y que "dada la naturaleza de las medidas probatorias solicitadas, estas podrían haberse tomado por simples oficios, y no por órdenes de presentación como se efectuaron en este caso". Alak sugirió asimismo que "resulta curioso la utilización de la Policía Metropolitana para realizar estas diligencias, que es conducida por un candidato a presidente opositor, cuando las fuerzas federales son las fuerzas de seguridad auxiliares y naturales de la justicias federal".
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