Martes 23 de junio de 2015
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Política
Polémico proyecto busca permitir la sindicalización de la policía
La iniciativa es del diputado Jorge Monge (UCR). Propone habilitar la asociación gremial y agregarlo al Reglamento de la Policía de Entre Ríos. El legislador aclara que el "servicio no puede suspenderse". <b>Fundamentos.</b>
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(Imagen ilustrativa)
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Monge impulsa el proyecto para permitir la sindicalización de los policías.
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E

l diputado Jorge Monge (UCR-Diamante) ingresó en la Cámara Baja un proyecto de ley para permitir la sindicalización de la policía. De ser tratado, el texto dará que hablar en la Legislatura ya que trata un tema que divide opiniones. En rigor, el legislador propone reemplazar el Inciso L) del artículo 14 de la ley 5654 de Reglamento General de la Policía de Entre Ríos. El legislador también viene de proponer incorporar la “obediencia debida” al regalmento policial para "proteger a la parte más débil de la cadena jerárquica”. En ese artículo, a través de una serie de ítems, se detallan los derechos esenciales de los agentes en actividad. Monge busca habilitar la posibilidad de desplegar actos y conductas tendientes a la sindicalización, supliendo el inciso L) actual por el siguiente: “El ascenso en la carrera policial por estricto orden de mérito, recibir capacitación permanente y equipamiento adecuados, asociarse libremente para la defensa de sus intereses y la convivencia familiar”. Según el diputado radical, la asociación policial no debe alterar el normal funcionamiento del servicio de seguridad ya que considera que “en tanto no se aparten del orden jerárquico y la cadena de mandos vigentes, no incurrirá en faltas que conlleven sanciones”. El proyecto completo Sindicalización policial sí, huelga no El propio Monge recordó, en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, que la iniciativa no es nueva ya que él mismo lo había impulsado durante la Convención Constituyente de 2008, en el marco de “un proyecto que pretendía modernizar el Capítulo del Texto Magno entrerriano referido a la Policía”. Al fundamentar la propuesta que tomará estado parlamentario en la próxima sesión: “Lamentablemente la Convención no modificó ni consideró el tema policial. Allí proponíamos un texto que abarcaba toda la materia a la que refiere el texto de este proyecto, incluyendo el derecho a `asociarse para la defensa de sus intereses´”. Para el diputado, si bien todo lo referido a la sindicalización es materia de derecho de fondo, y en consecuencia, competencia del Estado Nacional, incluir el derecho de asociación en el Reglamento General de Policía, “más allá de reconocimiento o no como sindicato” se evitarán sanciones administrativas al personal policial que promueva, se asocie o integre una asociación profesional de policías o penitenciarios. “Se erigiría una valla para toda sanción o eventual reprimenda como consecuencia directa de la actividad asociativa en este terreno de los agentes, aunque seguramente no desterraría al principio, las sanciones encubiertas”, señaló Monge. El diputado detalló que la sindicalización de las Fuerzas Armadas está autorizada en Israel, Alemania y Estados Unidos; así como las Fuerzas Policiales en Uruguay, Suecia, España, Bélgica. Pero enfatizó: “Obviamente que estamos en presencia de un servicio que no puede suspenderse, razón por la cual realizar un paro implicaría exponer a la sociedad a situaciones de total carencia de seguridad. Pensamos que hay otras vías para la protesta, sin caer en la huelga”. El legislador hizo mención también a la Ley Nacional 23.551 que conforma el régimen legal de las Asociaciones Sindicales, y cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Nación, “en ningún momento excluye de su ámbito de aplicación a las fuerzas armadas y de seguridad”. Y, pese a ser la sindicalización materia delegada al Estado Federal: “Con la reforma que pretende introducir este proyecto, se evitarán las sanciones administrativas al personal policial que promueva, se asocie o integre una asociación profesional de policías o penitenciarios. La importancia de ello, de mínima, es que se erigiría un valladar para toda sanción o eventual reprimenda como consecuencia directa de la actividad asociativa en este terreno de los agentes, aunque seguramente no desterraría al principio, las sanciones encubiertas”, explicó el diputado y ex convencional constituyente en Entre Ríos. “En este terreno, no hay duda alguna que la cuestión es más política que jurídica. Además, como todo el derecho, es evolutiva”, reflexionó por último Monge.
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