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penas días después que los fiscales se vieran en la necesidad de desistir del testimonio del gobernador Sergio Urribarri, surge otra novedad trascendente en el juzgamiento a los 18 policías de Concordia acusados por los hechos de diciembre de 2013. El tribunal aceptó los argumentos de la defensa y resolvió que los efectivos quedaran en libertad, poniendo punto final a la prisión preventiva domiciliaria. Los acusados son el ex oficial de policía Carlos Zaragoza, y los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Esteban Cendra, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz. La causa contra éstos fue caratulada como "Zaragoza, Carlos Daniel y otros s/ sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación pública". Fue una "resolución impecable" de los jueces, confió uno de los letrados que representa a los enjuiciados. Se fundó en la certeza de que no existe el "peligro procesal" que en su momento fuera invocado al decretar la prisión preventiva. "Después de un año presos, no hubo quejas respecto de la conducta de los imputados, que también se han comportado adecuadamente durante el trámite del juicio. No hubo malestar de ninguna clase", y eso fue valorado por los magistrados, explicó el abogado defensor. El tribunal no encontró fundamento alguno, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales, ni tampoco en el código penal, para extender la prisión preventiva que pesaba sobre los acusados. En los fundamentos de la resolución, los jueces dejaron en claro que sus decisiones no pueden estar sujetas a la opinión pública sino pura y exclusivamente a la ley, y que de prolongarse la prisión preventiva se trataría de una ilegalidad. Según consignó El Entre Ríos, la determinación del tribunal contiene algunas restricciones. Por ejemplo, los policías liberados no pueden salir de la provincia ni del país sin autorización; todos los martes deben pasar por tribunales a firmar; no pueden acercarse a los testigos.