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través de una serie decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nombró un total de 66 funcionarios, entre los que se encuentran defensores públicos, fiscales, conjueces, y jueces de diferentes fueros, luego de que recibieran acuerdo de la Cámara de Senadores de la Nación, y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Entre los funcionarios designados se encuentran María Josefina Minatta, como fiscal federal de Concordia, a través del Decreto Número 1.018; e Ignacio Mahiques, como fiscal federal de Victoria, a través del Decreto Número 1.019. En ambos casos, llevan la firma de la Presidenta de la Nación y del ministro de Justicia, Julio Alak. La fiscal "escrachadora" Minatta nació el Concordia el 22 de octubre de 1978, tiene 36 años, y es una activa militante de la agrupación oficialista Colectivo por la Justicia Social. Pero ganó reconocimiento público el año pasado cuando participó del escrache al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, mientras disertaba en la Universidad Católica Argentina (UCA). En una entrevista que le dio por aquellos días al dirigente Luis D’Elía, en Radio Cooperativa, Minatta explicó que Cavallo “fue uno de los que estatizó la deuda externa privada en los ‘80, a fines de la dictadura, siendo presidente del Banco Central; el ideólogo del plan de convertibilidad que dejó a millones de argentinos sin trabajo; fue el que armó el corralito y llevó a que gente se suicidara. Por esa razón decidimos concurrir a la disertación de Cavallo, para preguntarle sobre estas cosas y qué pretendía para el futuro”. Minatta egresó como abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2003. Entre 2010 y 2012 fue asesora jurídica de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Mi tarea consistía en impulsar las causas de criminalidad económica del fuero federal en que la UIF era querellante, así como denunciar, pedir medidas de prueba, medidas precautorias, y llevar adelante la investigación desde el rol de la querella en causas de gran daño al orden económico y financiero” describió en su curriculum. Dejó ese cargo para ingresar a la Procuración General de la Nación, primero como procuradora y después como subsecretaria letrada del organismo que encabeza Alejandra Gils Carbó. Mahiques, secretario del Juzgado que impulsó imputación a Cristina Ignacio Mahiques, por su parte, nació el 10 junio de 1985 en la localidad bonaerense de Mercedes. Egresó como abogado de la UBA en 2009, es master en Derecho Penal de la UBA, docente universitario en la UBA y UCA e hijo del juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Carlos Mahiques. Ingresó al Poder Judicial en 2003 como auxiliar en la Fiscalía Federal de Morón; y después fue escribiente, prosecretario y actualmente es secretario de la Fiscalía de Gerardo Pollicita, el mismo que impulsó la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la Presidenta por el encubrimiento de la investigación por el atentado a la AMIA. A partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, en su caso, sería inminente su asunción en el cargo, informa Página Judicial. El Juzgado Federal de Victoria, creado por ley en 2004, está operativo, pero no habilitado. Esto significa que las investigaciones que impulsa la Fiscalía, hasta ahora a cargo de Marina Herbel, se tramitan ante el Juzgado Federal de Paraná. Sin embargo, hace algunas semanas, el Consejo de la Magistratura reclamó a la Corte Suprema la designación de un juez subrogante y la “habilitación inmediata” del juzgado. Distinta es la situación de Minatta. El Juzgado Federal de Concordia fue aprobado el 28 de octubre de 2010, a través de la Ley Número 26.638, pero no tiene habilitación ni está operativo, por lo que todavía está lejos de comenzar a funcionar.