L

a causa en que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga una asociación ilícita que involucra a reconocidos profesionales de la ciudad sería un caso testigo de maniobras que se llevan adelante desde hace unos años. Se trata de una historia espejo con el desfalco por compensaciones truchas en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y que tiene como principales actores, sospechados de estafar al fisco, a funcionarios y proveedores del Estado. La causa que se ventiló la semana pasada y que enlazó, entre otros nombres, al abogado Roberto Izaguirre, el contador Luis Morelli y el empresario y proveedor del Estado Miguel Marizza, propietario de Caballi SA, investiga el funcionamiento de una asociación ilícita que se encargaba de ofrecer certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. Otra vez, las compensaciones entre el Estado y privados. De esta manera, los compradores reducían los montos adeudados por impuestos y lograban financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esa maniobra evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva. Otro empresario, hacedor de obra pública y de estrecha relación con la actual administración provincial, estuvo involucrado en un caso por las mismas prácticas. Se trata de Néstor Iván Szczech, titular de la firma constructora Szczech & Szczech, una de las principales contratistas del gobierno entrerriano. Szczech & Szczech y Caballi SA son firmas que han sabido conformar las conocidas UTE (Unión Transitoria de Empresas). Un ejemplo fue para la construcción del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú. Quizás por esas relaciones comerciales suelen compartir los servicios del abogado Roberto David Krochik. Interviene la AFIP Néstor Iván Szczech estuvo procesado por el juez federal Leandro Ríos a raíz de una denuncia efectuada por la Sección Penal Tributario de la División Jurídica de la AFIP-DGI, a raíz de una presunta maniobra de evasión que se habría detectado sobre el empresario. La misma consistió en la presentación de “certificados de retención mellizos, para así obtener crédito fiscal a su favor en el IVA, luego utilizado para compensar deudas fiscales, generando un perjuicio al fisco de 471.138,50 pesos”, según detalla un fragmento del expediente que publicó Página Judicial . Según da cuenta la denuncia, Szczech presentó el día 21 de marzo de 2011, mediante transferencia electrónica de datos, la declaración jurada original de IVA de febrero 2011, con saldo 0,0 pesos. Así, en fecha 8 de abril, presentó la declaración jurada rectificativa del mismo impuesto y período declarando un saldo a su favor de 343.122,77 pesos –saldo de libre disponibilidad–, presentando tres certificados de retención del agente Nucleoelectrica SA. Ese tipo de procedimientos sucedió en otro caso en el que se presentó certificados de retención de José Cartellone SA. La AFIP corroboró que ambos agentes habían efectuado tales retenciones coincidiendo en número, fecha y monto, pero reportaban como sujeto retenido a Sadia SA y Genco SA, respectivamente, y no a Szczech. Ríos entendió que la maniobra constatada cabía ser atribuida a Szczech “como simulación dolosa de pago” y dictó el procesamiento del empresario, en los términos del artículo 11 de la Ley Penal Tributaria Número 24.769, que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión para quien “mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias”. Para la defensa, a cargo de Krochik, el delito imputado no encuadraba en la conducta que se le atribuía a su defendido, porque no se advierte de los elementos probatorios que se haya servido de registraciones o comprobantes falsos para simular el pago de obligaciones para con el fisco. El asunto fue resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones. En un fallo del 27 de septiembre del año pasado, el tribunal determinó que “si bien generó un perjuicio para el fisco al no ingresar los importes correspondientes a los impuestos que compensó, el contribuyente (Szczech) no simuló ningún pago, sino que, simulando la retención hecha por otros agentes, generó un saldo a favor –ficticio– que utilizó para cancelar otras obligaciones, de lo que se deriva que su conducta no encuadra en la figura que se le atribuye”. Mateo Busaniche y Daniel Alonso suscribieron el voto de mayoría que revocó el procesamiento del empresario Szczech. Señalaron que si bien “el hecho investigado no constituye el delito imputado”, la causa en su contra debía continuar “a fin de que analice el juez la posibilidad de que los hechos investigados encuadren en otra figura penal”. Cintia Gómez, en cambio, votó en disidencia, es decir, optó por rechazar la apelación y confirmar el procesamiento tal como lo había determinado el juez Ríos. Marizza busca despegarse El presidente del directorio de Caballi SA difundió un comunicado en el que asegura que en 2014 denunció “haber sido víctima de una defraudación por tributos fiscales”. Tras conocerse las identidades de los implicados en la investigación que lleva adelante la Justicia Federal y que se efectivizó por parte de Gendarmería Nacional y agentes de AFIP, la firma constructora “Caballi SA”, emitió un comunicado ya que en la información dada a conocer, se mencionaba el nombre del presidente del directorio de la empresa con sede en Paraná, el ingeniero Miguel Ángel Marizza. Según la empresa “su directorio, sus accionistas, representantes societarios y familiares directos con los mismos, no tienen relación/vínculo alguno con tal cooperativa de transportes de mercadería, sus asociados, empleados ni representantes sociales”. En referencia a los profesionales, abogados y contadores de Paraná involucrados, el escrito firmado por Marizza señala que su firma “tampoco (tiene relación) con los profesionales, contadores y/o abogados, nombrados por los medios periodísticos en el marco de la denuncia efectuada por la AFIP”. Asimismo, la Caballi SA asegura que “no realizó, recibió, ni se valió, de prestación/servicio alguno de tal Cooperativa de Transporte”, mencionada con sede en el Paseo de las Luces. Además, la empresa desmiente haber sido “objeto de allanamiento”. En el comunicado aseguran que la empresa colaboró con la Justicia Federal en la investigación y que denunció las maniobras ilícitas: “colaborando con la justicia federal, en el marco de la causa tributaria cuya carátula ha sido citada por diversos medios periodísticos, el directorio de la empresa, mediante declaración judicial realizada en junio de 2014, manifestó haber sido víctima de una defraudación por tributos fiscales, aportando material probatorio suficiente de sus dichos”. El comunicado indica que la presentación judicial realizada en 2014, se formuló “entre otros, contra los profesionales mencionados por los medios periodísticos, causa judicial que se encuentra tramitando actualmente”.