E
l proyecto recibió dictamen el martes pasado en un plenario de comisiones de Transporte, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas, que contó con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien puso de relieve que la iniciativa apunta a "consolidar un proceso, una transformación inédita en materia ferroviaria". "Se trata de entender como una ecuación social y no económica que está asociada al progreso de Argentina y a la vida de miles de pueblos desaparecidos a partir del abandono de una política ferroviaria" explicó el ministro al explicar los alcances del proyecto ante los diputados. El dictamen de mayoría contó con las firmas del Frente para la Victoria (FpV), sus habituales aliados y algunos bloques opositores como el Frente Renovador, la UCR y el PRO, que anticiparon su respaldo al texto, en el marco del plenario, luego de que el oficialismo aceptó algunas de sus propuestas para modificar el articulado original. La iniciativa recibió dictamen luego de tres plenarios de comisiones, en los que además del ministro del Interior y Transporte, expusieron especialistas y referentes sindicales del sector ferroviario, quienes en su mayoría anticiparon su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo. De esta manera, informa la agencia Télam, se descuenta que el proyecto –cuyo envío al Congreso fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo- será aprobado en el recinto con un amplio respaldo en la sesión prevista para el próximo 8 de abril. La propuesta La propuesta otorga al Estado la potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías". La medida apunta a "profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario y estratégico establecido por este gobierno nacional y en atención a la especificidad y profesionalidad que el sistema ferroviario requiere". Se trata de una disposición similar adoptada el 21 de agosto de 2014 cuando el Poder Ejecutivo había asignado a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) la prestación de los servicios correspondientes a las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Según la nueva normativa, la dirección y administración de la empresa pública estará a cargo de un directorio integrado por un representante de la Secretaría de Transporte, por el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (o de la sociedad que la reemplace en el futuro), por el presidente del directorio de Belgrano Cargas y por dos representantes gremiales del sector, designados por el Ministerio del Interior.