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a cantidad de condenados desde la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, en 2006, asciende a 563, según un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el marco del aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por otro lado, se desarrollan 16 juicios de lesa humanidad en Capital Federal, Córdoba, San Luis, Rosario, Mendoza, Jujuy, Salta y Tucumán; en la ciudad de Bahía Blanca y las localidades bonaerenses de San Martín y San Nicolás. Los datos, actualizados al 18 de marzo, no incluyen las últimas sentencias al ex alférez Angel Pezzeta, condenado en La Rioja por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la reciente al ex comisario Agustín Echeverría, en Formosa, por tormentos. El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos. Sobre la cantidad de imputados detenidos, se contabilizan 970, con la mayoría (57%) alojada en unidades penitenciarias, el 40% en domicilios, el 1,5% en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales. Según el registro, existen en el país 456 expedientes en trámite, excluyendo las acumuladas a una misma investigación, y 120 causas a las puertas del juicio oral, con 889 procesados. El estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país. Las víctimas judicializadas en todo el país son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas. En tanto, la cantidad de prófugos hasta el momento suman 45, dos de ellos se fugaron luego de ser condenados. El relevamiento realizado por la Procuraduría que encabeza el fiscal Jorge Auat, y coordina Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país se enmarca en la preocupación manifestada por fallos adversos que benefician a civiles imputados a los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado. A propósito, la semana pasada, la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar a querellantes y organizaciones de derechos humanos para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país. Los juicios en desarrollo En CABA En la Ciudad de Buenos Aires, son juzgados 68 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la ESMA, en el que se encuentran imputados ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los denominados "vuelos de la muerte", en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata. También en Capital Federal, se desarrolla el juicio por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países. En tanto, también en la Ciudad se realiza el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas, nacido en la ESMA cuando su madre estaba secuestrada. La única enjuiciada es Ana María Grimaldos, quien anotó a Penino Viñas como propio junto con el represor prófugo de la Justicia Javier Vildoza, quien está acusado por los mismos delitos. También en la Ciudad, se desarrolla el juicio que tiene como principal procesado al ex agente de inteligencia Leandro Sánchez Reisse y a los también ex agentes de inteligencia del ejército Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle. Los acusados pertenecían al Batallón 601 de Inteligencia, que fue uno de principales bastiones de inteligencia de la represión de la última dictadura. Córdoba En Córdoba, continúa el juicio de la megacausa `La Perla´, que involucra a 417 víctimas y tiene ahora 52 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez. San Luis En San Luis, siguen los alegatos en el proceso en el que son juzgados 29 represores, entre ellos Menéndez, por hechos ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis, en perjuicio de 11 militantes víctimas de desaparición y asesinatos y la privación ilegítima de la libertad. Mendoza En Mendoza, en tanto, unos 41 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, continúan siendo juzgados en lo que constituye un megajuicio relevante debido a la cantidad de funcionarios judiciales procesados. En tanto, continúa en la ciudad mendocina de San Rafael el proceso en el que son juzgados 26 represores, entre ellos el ex capitán del Ejército Luis Alberto Stuhldreher, ex intendente de facto de San Rafael y también ex funcionario del gobierno de Julio Cobos. Buenos Aires Por su parte, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín sigue el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención "Mansión Seré", y en otros lugares que integraron el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense. Durante el juicio se analiza la responsabilidad de ocho represores por delitos cometidos en perjuicio de 97 víctimas ocurridos en la Subzona 16, como era llamada la zona oeste de Buenos Aires (Morón, Ituzaingó y Hurlingham, Merlo y Moreno). En la ciudad bonaerense de San Nicolás, continúa el juicio por la causa conocida como "Saint Amant II", cuyo principal acusado es el teniente coronel (re) Fernando Manuel Saint Amant. En la causa se acumularon 15 expedientes con casos de 76 víctimas del terrorismo de Estado provenientes de las localidades bonaerenses de Pergamino, San Nicolás, Baradero y San Pedro. En Bahía Blanca, sigue la etapa testimonial del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada, en el que son juzgadas 24 personas. Jujuy En tanto, en Jujuy, continúa el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que son juzgados 13 imputados en perjuicio de 90 víctimas. Salta En Salta, se desarrolla el séptimo juicio que se realiza en esa provincia, que a último momento incluyó la causa conocida como "Ragone II" por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. En este proceso se juzgan además nueve expedientes acumulados. Tucumán Finalmente, en Tucumán, es juzgado el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También se le imputan los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano (fallecido). Juicios por escrito en Paraná y Capital Federal Por otra parte, continúan por escrito, al sustanciarse por el viejo Código Penal, un juicio por apropiación en la Capital Federal, y otro en Entre Ríos por la causa "Area Paraná", cuya sentencia podría conocerse este año.