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a Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) ratificó las medidas de fuerza para la semana que viene. En tanto, desde el gobierno se informó que participará de la audiencia de conciliación entre sindicatos y Consejo General de Educación que fijó la jueza Gladys Pinto para el lunes. Desde la Casa Gris advierten en un parte de prensa que el "no acatamiento de una decisión judicial implica la aplicación de las previsiones que establece el código penal". "Habiéndose trasladado el conflicto y la conciliación obligatoria al ámbito judicial, en caso del incumplimiento por parte de las entidades sindicales se podrán aplicar las previsiones que el Código Penal establece. Además la ley nacional prevé desde multas hasta la pérdida de la personería gremial a los sindicatos", señala un comunicado de la Casa Gris, enviado a INFORME DIGITAL. Este viernes a última hora la justicia entrerriana había ordenado suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza (paro y movilización) anunciadas por Agmer y AMET desde el lunes y hasta el viernes, y fijó una audiencia entre las partes para el lunes a la que el gobierno confirmó su asistencia. "No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias", expresa la jueza del Trabajo Gladys Pinto. "Entendemos que corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad", aclara la resolución. La Constitución de la provincia considera a la educación no como un servicio público, sino como un bien social, la Justicia lo toma y en ese marco asume que es "una actividad dirigida al mejoramiento de los individuos, especialmente a aquellos más vulnerables" y menciona la "desigualdad" que se genera entre aquellos alumnos que asisten a establecimientos públicos y aquellos que concurren a escuelas privadas. "El conflicto se ha generado entre el CGE y las entidades gremiales Agmer y AMET ejerciendo éstas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada", afirma la jueza.