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na vez que la Justicia reanudó su dinámica habitual, la causa ATER, que procura esclarecer la mega estafa perpetrada mediante falsas compensaciones tributarias, comenzó otra vez a moverse. En los próximos días declararían las personas que aún no lo han hecho. Por otra parte, en un procedimiento encabezado por de la jueza Marina Barbagelata, y en presencia de los fiscales y algunos de los abogados que defienden a los imputados, fueron quitados los precintos y abiertas las cajas repletas de documentación, que habían sido incautadas durante el allanamiento a las oficinas de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER). Por estos días, en los tribunales paranaenses se reanudan las indagatorias a personas físicas que aún no habían prestado declaración. Trascendió que el contador de Concordia Luis Alfredo Speroni, socio de Julio Schmukler, solicitó a la justicia ampliar su testimonio. Una vez que se hayan escuchado las exposiciones de las personas físicas faltantes, vendrán las indagatorias a las personas jurídicas, sin que aún exista un cronograma preciso ni tampoco las citaciones. Por el momento, no hay procesados en la causa. Para resolver si procesa, sobresee o declara la falta de mérito a cada uno de los imputados, la jueza tiene plazo hasta que finalicen las indagatorias, por lo que podrían pasar muchos meses. Vale recordar que en la causa hay una extensa lista de imputados, que comienza con los empleados de ATER María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggion, Darío Fabián Barreto, Fabricio Dayub, los contadores Schmukler y Speroni, y una extensa lista de personas físicas y empresas. En ámbitos políticos y judiciales persiste la inquietud acerca de la suerte que correrá el ex funcionario Gustavo Gioria, que era ni más ni menos que Tesorero de la provincia y que renunciara ni bien se destapó el escándalo, luego de que trascendiera que desde su estudio contable se asesoraba a una de las empresas beneficiadas por las compensaciones denunciadas. En caso de que la jueza resolviera indagar a Gioria, sería el primer paso en dirección a desentrañar quiénes son los responsables políticos de la estafa, sea por acción u omisión, ya que es evidente que los hechos investigados, donde están en juego más de 50 millones de pesos, jamás habrían ocurrido sin graves negligencias en los controles. Ante la duda sobre si con esta acción judicial se saber algo importante que sirva a la investigación, El Entrerios consultó a un profesional del derecho que sigue de cerca el caso. "No creo. Lo primero que se pudo ver son papeles de las compensaciones correctamente realizadas, con resolución ministerial. La clave está en los expedientes que faltan y que tal vez nunca existieron". Aludía a la documentación faltante de las compensaciones que nunca llegaron a tener el respaldo de la resolución correspondiente del Ministerio de Economía ni mucho menos la publicación en el Boletín Oficial. Dará lugar a cerrado debate entre los abogados que intervienen en el caso, muchos de ellos máximos referentes del derecho entrerriano, dilucidar a quién le asiste la máxima responsabilidad por el faltante de esa documentación, sin la cual las compensaciones no debieron jamás ser aprobadas. Varios de los empresarios imputados tienen en su poder notas firmadas y selladas por ATER, donde el organismo admite haber recibido la documentación respaldatoria de las compensaciones. En especial, los certificados de cesión de crédito fiscal. Se supone que los letrados que defienden a la larga lista de empresas imputadas procurarán demostrar que la responsabilidad primaria por el faltante de esa documentación es de la ATER, ya que el propio ente recaudador admitió haberla recibido. No obstante, no pasa desapercibido que los estudios contables que intervinieron en la gestión de la mayoría de las compensaciones no guardaran para sus clientes copias de esos papeles.