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l juez Federal Pablo Seró resolvió iniciar un proceso por el delito penal de Entorpecimiento del normal funcionamiento del Transporte Terrestre a Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Francisco Domingo Larocca y Cesar Aristides Pibernus. También en la resolución el Juez Seró decreta la falta de merito para procesarles o sobreseerles por el delito de Atentado a la autoridad y dispone embargo de Bienes. “Los a partir de ahora procesados, en agosto del año pasado junto a muchos otros compañeros y vecinos, ayudaron a desviar a la banquina a cuatro camiones que transportaban cuatro equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola de la República Oriental del Uruguay. El paso siguiente a la exploración es el comienzo de la extracción de gas y petróleo por el peligroso método de fractura hidráulica o fracking que contaminará sin ninguna duda el Acuífero Guaraní que compartimos con el Uruguay, Paraguay y Brasil”, se explicó desde el Foro Regional contra el Fracking integrado por asambleístas y ciudadanos de ambas orillas del Río Uruguay. “El accionar de los ahora procesados está legitimado ya que trataban de impedir un mal mayor e irreversible, tal es así que previendo este avance extractivista, los Concejos Deliberantes de 27 localidades entrerrianas y las Juntas Departamentales de Paysandú y Tacuarembó en el Uruguay prohibieron la explotación por fracking en sus respectivas jurisdicciones”, señaló la entidad. Y agregó: “Desde el Foro Regional contra el Fracking nos solidarizamos con nuestros compañeros y confirmamos su accionar responsable y comprometido con la vida actual y la vida de las futuras generaciones”. Procesaron a los asambleístas de Concordia“Una causa contra la protesta social es una arremetida contra la democracia”, advirtieron desde el Foro contra el Fracking “Cinco compañeros asambleístas están procesados penalmente desde el 19 de febrero, luego de la decisión del juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, quien encontró ‘mérito’ para que vayan a juicio por haber intentado impedir un delito contra la salud pública: el fracking”, plantearon en el documento difundido a través de la red social Facebook. “El juez Federal nos aplica el delito penal ‘de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre’ a pesar de que la manifestación, que se desarrolló junto a muchos otros vecinos, consistió en desviar hacia la banquina cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica. En nuestra protesta no afectamos al transporte público ni al funcionamiento del transporte en general”, aclararon los firmantes y consideraron que “esto abre una causa que criminaliza efectivamente el derecho a la protesta social, uno de los derechos más importantes de la vida democrática. Mediante este tipo de acciones se pretende acallar a los movimientos ciudadanos que demandan a los poderes del Estado que se respeten derechos esenciales de los representados, reconocidos por la Constitución Nacional y el Derecho Internacional. Una causa contra la protesta social es una arremetida muy fuerte contra la democracia, es una forma de intentar obligarnos a no decir nada cuando se cometen delitos contra los pueblos, lo que nos retrotrae a épocas de nuestra historia que no queremos repetir”. Asimismo, sostuvieron que “el fallo del juez Seró contiene una serie de irregularidades que vulneran directamente derechos esenciales como el de la protesta, clave para la vida democrática. En primer lugar, el objetivo de la manifestación no fue el de alterar o afectar el transporte, sino que persiguió un interés mayor y más profundo: se trataba de proteger la vida ante la amenaza de una industria sumamente peligrosa. Estábamos protegiendo nuestra propia integridad y seguridad y la de nuestra comunidad. A pesar de esto, Gendarmería nos reprimió con el agravante de no existir orden judicial”. “El derecho a la protesta está exento de toda posibilidad de tipificación o prohibición penal como cualquier ejercicio de un derecho. Jamás puede configurar un ilícito en un sistema democrático. La libertad de expresión es inherente a la dignidad de la persona. De poco valdría reconocer al ser humano su dignidad de persona, si no se le permite expresar su libertad de conciencia. La protesta no es más que el ejercicio regular de los derechos constitucionales y humanos para peticionar a las autoridades respuestas cuando no escuchan los reclamos”, aseveraron. En el mismo sentido, agregaron a su análisis del procesamiento: “Seró no sólo no menciona esto, ni las denuncias que hicimos contra Gendarmería por la represión y detención, sino que además violó los plazos correspondientes para resolver la imputación: tenía como máximo diez días, y han pasado seis meses. Tampoco toma en cuenta la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal de la Nación, ni de Cámaras Federales como la de Córdoba o Comodoro Rivadavia, donde se ha fallado a favor del interés mayor de la población y el derecho a la protesta. Finalmente, no se nos puede aplicár el delito penal ya que no cortamos la ruta, sino que permanecimos todo el tiempo en la banquina y el tránsito no era interrumpido”. “Mientras en este momento se intenta instalar una puja entre el poder político y el poder judicial por algunos sectores, nosotros sentimos que está claro que cuando se trata de garantizar un desarrollo extractivo como el fracking, a ambos poderes no les tiembla el pulso a la hora de unirse para desconocer y actuar en contra de derechos que son pilares de una verdadera democracia como son la libertad de expresión y la garantía de la protesta social. Sabemos que la resistencia, cuando se trata de pedir un desarrollo democrático de nuestros pueblos, es difícil porque significa tocar de lleno el sistema de producción vigente, ese que intentan dirigir los grandes capitales con las garantías de los poderes del Estado”, agregaron. Por último, resumieron: “Las asambleas ciudadanas que conformamos el Foro Regional contra el Fracking repudiamos enérgicamente el procesamiento de los que protestan socialmente. No podemos callar frente a la injusticia, como no lo hicimos cuando ocurría el delito por parte de los camiones y Gendarmería Nacional en aquella noche. Exigimos el desprocesamiento de los asambleístas y que se respeten los derechos de ejercicio de una ciudadanía plena, tan esencial para la vida democrática”. Firmaron el documento Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay, la Asamblea Ciudadana Concordia, el Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking, la Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135, y el Foro Waj Mapu de Chajarí. Además, adhirieron el Programa Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, la Red Ecosocialista Entre Ríos, y la Junta Abya Yala por los Pueblos Libes (JAPL).