D

esde el gobierno se les informó la decisión y se redactó la resolución que habilita la suba. Será la primera que se aplicará este año, aunque los directivos de las empresas sostienen que todavía deben compensar incrementos de costos que, por inflación e incorporación de obligaciones prestacionales, tuvieron en 2014. En ese año, los bolsillos de los afiliados a planes de salud sufrieron un aumento acumulado de 28,5 por ciento. El último ajuste, también de 4 por ciento, fue reciente, ya que llegó con las cuotas de diciembre pasado. La nueva autorización que otorgará la Superintendencia de Servicios es en respuesta a un pedido hecho por representantes de la actividad en una extensa carta que, a mediados de diciembre, hicieron llegar a los ministros de Economía y de Salud, Axel Kicillof y Juan Luis Manzur; a la superintendencia de Salud, Liliana Korenfeld, y al secretario de Comercio, Augusto Costa. En esa nota -que firmaron directivos de prepagas, clínicas, centros de diagnóstico y farmacias- se advertía sobre los efectos negativos en la calidad de las prestaciones, derivados de la insuficiencia de recursos que las entidades dicen tener. Se expresó que la situación era "acuciante" y se afirmó que era necesario un incremento de 12,5 por ciento en las cuotas "como mínimo y a cuenta de los mayores importes solicitados por cada una de las entidades". Además, la carta reconocía un ajuste del sector privado de salud en las variables que las empresas pueden manejar: los honorarios profesionales, las remuneraciones del personal fuera de convenio, el pago de obligaciones fiscales (muchas clínicas del país suman desde hace años deudas impositivas amparadas por una ley que impide embargos) y el estiramiento de los plazos para el pago a proveedores. Este jueves, al referirse a la respuesta que obtuvieron con la suba para marzo, el presidente de Medifé, Jorge Piva, sostuvo que se la considera insuficiente "a la luz de los datos de incremento de costos que se le han aportado a las autoridades". La dinámica se repite desde hace años: las empresas piden permiso para aplicar un aumento que, según consideran, compensaría los mayores costos, y luego se les autorizan subas inferiores. En septiembre pasado, varias prepagas presentaron ante el Gobierno recursos administrativos y pedidos de aclaración, porque desde la vigencia de la ley regulatoria de la actividad no se expusieron las razones por las que se autorizan determinados porcentajes de incrementos y no otros. Las entidades de salud entienden que, de esa manera, se incumple con las exigencias que tiene la ley. Según Piva, se busca compensar ahora mayores costos "por nuevas coberturas que se agregan al Plan Médico Obligatorio". Por su parte, los prestadores tienen previsto reunirse la semana próxima para evaluar la situación, según afirmó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra). Esas entidades les reclaman a las prepagas un incremento en los aranceles por los servicios que dan a los afiliados y, según Cherro, en 2014 hubo un desfase entre las subas de costos y de ingresos que llegó a 12 por ciento. En septiembre pasado, las clínicas llegaron a anunciar que cobrarían copagos a los afiliados a prepagas, como una medida de protesta porque no conseguían mayores ingresos. El gobierno logró frenar la acción, bajo la promesa de crear un espacio de discusión sobre la problemática sectorial. Luego, Costa ofreció a los directivos acceder a créditos blandos y subsidios para mantener empleos. Pero en el sector se considera que esas alternativas no ofrecen una solución de fondo, que evite o atenúe los reclamos constantes por alzas de cuotas, publicó La Nación.