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e la redacción de INFORME DIGITAL La obra social de la que depende la salud de mas de 300.000 entrerrianos atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años, con retrasos en los pagos a prestadores de diversas especialidades que ya cortaron sus servicios y la amenaza de las clínicas y sanatorios de tomar la misma medida en caso de que no se cancele una deuda de un mes y medio de prestaciones (parte de octubre y noviembre). En principio el plazo puesto por las entidades de salud privadas eran las cero horas de este lunes pero el directorio logró descomprimir parcialmente con una reunión que se concretó durante la mañana con la cancelación de parte de la deuda y la fijación de un plazo que vence el viernes próximo para desembolsar el monto restante. Asimismo, desde la obra social anunciaron un incremento del 10 por ciento a las clínicas, que evaluarán la propuesta. Sin embargo, la situación de una obra social que recibe aportes directos de más de 122.000 trabajadores afiliados no parece lógica cuando maneja un presupuesto anual superior a los 1.000 millones de pesos que significan un promedio de unos 8.000 pesos anuales y casi 700 por mes por aportante. Tampoco parecen lógicos los sueldos de los funcionarios integrantes del directorio y miembros de la administración si se observan los magros resultados de su gestión. INFORME DIGITAL tuvo acceso a recibos de haberes y listas con los salarios de los principales funcionarios de la obra social, que lejos están del sueldo promedio de un trabajador estatal a los cuales dicen representar y desde donde surgen estos directores. En el mes de diciembre el presidente del directorio Fernando Cañete percibió 71.732,67 pesos. Si a eso se le resta alrededor de un 20 por ciento de aportes previsionales y a la obra social, Ley 4035 y otros descuentos que suman un 20 por ciento, tuvo un sueldo “limpio” de 57.000 pesos. El resto de los directores tuvieron un salario bruto de 64.655,39 pesos y neto de aproximadamente 51.000 pesos. Uno de los haberes más “bajos” entre quienes integran la administración de la obra social es el del ex secretario general de Agmer Sergio Elizar, actual gerente de prestaciones, cuyo recibo da cuenta de un bruto de 57.386,71 pesos, cifra que, descontándose los 11.487,71 pesos de aportes, resulta en los nada despreciables 45.899 pesos que se acreditaron en su cuenta en el mes de diciembre. Llama poderosamente la atención que ante los reclamos de los afiliados y sectores gremiales, desde el directorio no den explicaciones claras sobre los motivos por los que se llegó a esta situación límite. ¿Por qué si supuestamente hay retraso en el envío de aportes retenidos por el gobierno a sus empleados no se dice nada al respecto desde la conducción del instituto? ¿Hay alguna razón desconocida por la que prefieren pasar por alto el problema pese a las críticas? Y si el retraso no es verdadero: ¿por qué hay deudas con los prestadores? ¿No alcanzan los más de 1.000 millones anuales? ¿O acaso todo es una extorsión de las “corporaciones médicas”, como suele decirse, para presionar en pos de un incremento de aranceles? Todas incógnitas sin responder y especulaciones que la actitud silente y poco clara del directorio de la obra social más importante de la provincia no hacen más que alimentar. De todas maneras, los funcionarios del Iosper tienen haberes lo suficientemente abultados como para afrontar consultas y tratamientos médicos en forma particular, mientras decenas de miles de afiliados siguen esperando una solución.