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a jueza Paola Firpo, que tramita la causa N° 52886, caratulada “Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, que investiga los abusos contra menores ocurridos en el Seminario de Paraná entre finales de la década de 1980 y principios de la década 1990, decidió que ya no sean más tres querellantes los que representen a las víctimas que brindaron su testimonio en la Justicia, sino uno solo. La unificación de la querella recayó en la diputada provincial justicialista Rosario Romero, que cubre el lugar del abogado Marcelo Baridón, que dejó de cumplir la función de representante legal de una de las víctimas luego de que fuera designado con un cargo en la Justicia. Baridón, que ocupó el cargo de secretario de Transporte durante la intendencia de José Carlos Halle –en la que Romero se desempeñó como secretaria de Gobierno—fue designado vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná. Los otros querellantes son el exseminarista Milton Urrutia, el que más víctimas representa, y el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende. La tercera, Rosario Romero –que reemplaza a Marcelo Baridón—será quien ejerza la querella, según contaron en la Justicia y consignó Entre Ríos Ahora. “Es una decisión que la jueza puede tomar, aunque se adopta cuando los querellantes son muchos. En este caso, eran tres nada más”, contó una fuente que conoce la causa. La decisión no cayó bien El querellante Milton Urrutia tomó la decisión de la jueza como un apartamiento de su figura, y decidió, por el momento, dar un paso al costado, a pesar de que ha sido uno de los principales impulsores de la investigación judicial de los abusos en el Seminario. Urrutia participó de la última testimonial antes de la feria judicial de verano, cuando declararon dos ex seminaristas, uno aportado por la defensa del cura Ilarraz, y otro pedido por la Justicia. “Fue mi última intervención. Ahora me sacaron de la causa”, explicó el abogado. En la causa Ilarraz la Justicia busca probar los delitos que se le imputan al cura: haber abusado de adolescentes que permanecían bajo su tutela en el Seminario como estudiantes secundarios en calidad de pupilos.