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asó un año desde la “sedición policial” y la suerte de los efectivos que participaron del acuartelamiento en Concordia está a un paso del juicio oral y público. Una vez que pase la feria, el juez de Garantías Ives Bastián deberá fijar la fecha para el debate por los hechos que posibilitaron los saqueos en cientos de comercios y disturbios que terminaron con tres personas muertas. En principio, habrá 18 oficiales sentados en el banquillo y acusados por los delitos de sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionarios públicos e instigación. Para los delitos que enfrentan los policías, el Código Penal prevé penas de hasta 20 años de prisión, aunque en el debate deberá establecerse el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados. El mes pasado, en una audiencia donde se resolvió sobre la continuidad de la prisión preventiva de los policías, el procurador general de la provincia, Jorge García, se había quejado de que los defensores de los policías pretendían “dilatar los términos y evitar que se eleve la causa a juicio”. Lo cierto es que la causa ya fue elevada a juicio y está en manos del juez Bastián fijar la fecha para el inicio del debate oral y público, publicó El Diario. Otra circunstancia que podría acontecer es que algunos pidan acogerse al instituto del juicio abreviado, es decir, que admitan su responsabilidad y acuerden una pena con el fiscal. Esta posibilidad ya se había barajado deslizada unos meses atrás, aunque finalmente no prosperó. Ahora podrían retomarse las negociaciones. “No hay problema con algunos que tuvieron una participación menor en los hechos, con ellos podría acordarse un juicio abreviado; no así con aquellos que ingresaron en forma violenta a la Jefatura Departamental, golpearon a los funcionarios que estaban allí y rompieron la radio y otros elementos”, admitió una alta fuente judicial. Por el alzamiento policial se encuentran imputados 18 policías: Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra (excarcelado), José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Luis Alberto Gómez, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutinho, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Horacio Imaz y Carlos Daniel Zaragoza (detenido en la unidad penal). Estos son los que serán enjuiciados. Pero “la investigación no está cerrada”, según ha dicho el fiscal Mario Guerrero, dejando entrever que otros policías podrían ser imputados en el futuro. Los efectivos están acusados por los desmanes producidos durante los días 8 y 9 diciembre de 2013, luego de que las fuerzas de seguridad de Concordia decidieran acuartelarse como método de protesta para el supuesto reclamo de un aumento salarial. Guerrero ha insistido en que los uniformados “no están presos por un reclamo salarial”, sino que se los imputa por “haber tomado la Jefatura Departamental (de Policía) y porque dejaron a la ciudad con una inseguridad total”. Según el fiscal, los acusados “tenían una planificación previa” para tomar la sede policial, es decir, la irrupción en la Jefatura Departamental “no fue casual, sino que estaba organizada y (los efectivos) actuaron en consecuencia”. Guerrero explicó que de los elementos recogidos durante la investigación surge que “los saqueos en Concordia comenzaron antes de la toma de la Jefatura Departamental de Policía”, el domingo 8 de diciembre, lo que abonaría la hipótesis de que pudo haber una connivencia entre quienes produjeron los actos vandálicos y los policías. Los policías están imputados por los hechos ocurridos a partir del 8 de diciembre de 2013, después de que irrumpieran en la Jefatura Departamental de Concordia. Para algunos se trató de un “reclamo gremial” y para otros de “acto de sedición” que se extendió hasta el día siguiente. Lo cierto es que en los días que duró la rebelión policial murieron tres personas y una gran cantidad de comercios de la ciudad fueron literalmente saqueados.