E
l diputado nacional Julio Solanas propuso modificar el artículo 20 de la Ley 22.431. El proyecto, presentado este miércoles 4 de diciembre, señala que "injustamente las personas con discapacidades son obligadas ante cada autoridad o empresa concesionaria a cargo de rutas o autopistas a realizar trámites burocráticos innecesarios”. "La certificación de discapacidad realizada por los organismos competentes debe ser prueba suficiente para que quienes cuentan con movilidad reducida o cualquier otro tipo de discapacidad, gocen de su derecho a la accesibilidad", remarcó Solanas, en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL. "Resulta totalmente incoherente e ilógico que la persona que presenta una discapacidad deba, al momento de transitar una vía de nuestro país, efectuar un trámite extra y previamente a transitar la ruta, para lograr una exención en el pago del peaje", agregó. Solanas hizo hincapié en que la ley estipula que "será exceptuado del cobro del peaje en toda autopista, autovía o ruta sujeta a la jurisdicción nacional, sea concesionada o explotada en forma directa o indirecta, todo vehículo particular que sea conducido o que conduzca a toda persona con discapacidad certificada por autoridad competente. Esa autoridad competente no debe ser otra que la que expide el Certificado Único de Discapacidad". Por último, Solanas aseguró que "el objetivo de este proyecto es promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades, neutralizando las desventajas que producen las discapacidades y permitir el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados internacionales". La presentación fue acompañada por los Diputados miembros de la Comisión de Discapacidad Jorge Rivas, María Ester Balcedo y Ana María Perroni; y por los Diputados Mario Metaza, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Osvaldo Elorriaga y Jorge Barreto.