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os gobiernos provinciales podrán a partir del 1º de enero volver a determinar "de forma autónoma" el valor de las tarifas eléctricas, confirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El funcionario explicó que el 31 de diciembre caduca el acuerdo de convergencia suscripto por la Nación y cada una de las provincias que implicaba el congelamiento tarifario y que fue pensado como paso previo a una quita de subsidios, sobre todo en el área metropolitana donde actúan las distribuidoras Edenor y Edesur que dependen del Ejecutivo nacional. "El acuerdo de convergencia ha incluido a todas las jurisdicciones provinciales, porque observamos profundas asimetrías en el costo tarifario de energía eléctrica", explicó el jefe de Gabinete, quien comentó que "Santa Fe y Córdoba lideran las tarifas energéticas en el país, y eso va en detrimento del poder adquisitivo de los consumidores y de los usuarios". Capitanich recordó que el acuerdo, "implicaba dos cuestiones: primero el congelamiento de las tarifas" y "segundo, la perspectiva de financiamiento por parte del Estado nacional de obras complementarias para enlazar adecuadamente las inversiones de alta, media y baja tensión". Al respecto, señaló que "el objeto fue garantizar la provisión de suministro eléctrico de buena calidad en cada una de las jurisdicciones". El funcionario sostuvo que "el Estado nacional ha hecho estos acuerdos bilaterales con cada una de las jurisdicciones y ha establecido mecanismos de asignación de recursos y ejecución de las obras en cada una de las provincias". "Por lo tanto –agregó– a partir del 1º de enero cada provincia puede definir en forma autónoma su decisión respecto al tema tarifario". El Gobierno y las provincias firmaron a partir del 31 de marzo pasado el Acuerdo Marco del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración. Se trató de un programa por el cual las provincias firmantes se comprometieron a congelar sus tarifas eléctricas por un año desde el 31 de diciembre de 2013 y a retrotraer los aumentos efectuados, a cambio de recibir financiamiento para obras. Las distribuidoras eléctricas del interior cobraban un cargo variable a los consumidores finales por la energía, atado al precio de la energía y llamado Valor Agregado de Distribución (VAD). Ese acuerdo significó un congelamiento de precios, que intentó que la quita de subsidios (que todavía el Gobierno no aplicó), no disparara los precios de la electricidad en el interior, donde las tarifas suelen ser hasta ocho veces más caras que en el área metropolitana. La iniciativa oficial apuntó a dividir los precios de la electricidad en ocho regiones. El plan tuvo por objeto cuatro objetivos: congelar precios, transparentar costos, realizar estudios que permitan aplicar subsidios con equidad y verificar que esa quita de subsidios futura, no genere competencia desleal de precios. Ahora, la intención oficial es avanzar con esa quita cuanto antes, publicó El Cronista.