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a provincia de Santa Cruz quedó este jueves envuelta por un clima de tensión a partir de la decisión de la policía de Santa Cruz de acuartelarse en reclamo de mejoras salariales. El gobierno provincial que preside Daniel Peralta solicitó inmediatamente al Consejo Federal de Seguridad el envío de fuerzas nacionales para controlar posibles disturbios o saqueos, y por temor a que la medida crezca y desencadene protestas en otras provincias, como ocurrió en diciembre pasado. A partir de este pedido, anoche se esperaba la llegada de 200 gendarmes a la ciudad de Caleta Olivia, epicentro de la protesta. Si bien los reclamos también se dieron en algunas dependencias de Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, en la localidad del norte santacruceño es donde se vivió el clima de mayor tensión social. Pese a ello, el gobierno provincial preparaba en la noche de este jueves una denuncia por presunto delito de sedición, previsto en el Código Penal, contra más de 350 policías de la provincia. "La denuncia se presentará mañana a primera hora (por este viernes), estamos elaborando toda la documentación que nos solicitó la fiscalía de Estado", aseguró el ministro de Gobierno, a cargo de las fuerzas de seguridad, Gustavo Martínez, quien se reunió con los policías en protesta horas antes de que ellos iniciaran la medida de fuerza en Caleta Olivia. Mientras se esperaba el arribo de 200 efectivos de la Gendarmería Nacional, comerciantes de la localidad adelantaban el cierre de sus comercios por temor a robos y asaltos. "Por ahora sólo los pedimos para Caleta Olivia, ciudad donde de cinco comisarías cuatro están afectadas a la medida", aseguró Martínez. En forma paralela, la Secretaría de Gobierno, Cultura, Deportes y Turismo de Caleta Olivia emitió un comunicado en el que "recomienda a los señores comerciantes y comunidad en general extremar las medidas de seguridad, a fin de evitar cualquier tipo de acción que pueda poner en riesgo la integridad física y los bienes de los vecinos de la ciudad". El acuartelamiento se inició después de que a un grupo de policías de la zona norte les fuera negado un reclamo salarial que implica un aumento del 25% del valor punto, la unidad del cálculo salarial que tiene la policía, publicó La Nación.