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l fiscal general Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad que investiga crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, denunciaron este martes y pidieron que se investigue al múltiplemente condenado ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, por los delitos de intimidación pública y perturbación al ejercicio de las funciones públicas, luego de que el represor se mostrara con un pequeño papel que hacía alusión a la desaparición del testigo Jorge Julio López durante la lectura el viernes pasado del veredicto en el juicio por los crímenes en el centro clandestino La Cacha. La presentación de los fiscales fue formulada esta tarde sobre el cierre de los tribunales en el Juzgado Federal N°1 de la capital bonaerense, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu. "La acción desplegada por Etchecolatz, aquí denunciada, tuvo como fin poner en estado de alerta, temor y confusión al colectivo de víctimas y testigos que participan de juicios por delitos de lesa humanidad, tocando un punto de sensibilidad propia de la sociedad, que el acusado conoce y del que es plenamente consciente", interpretaron los fiscales. Schapiro y Nogueira analizaron en los videos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 la secuencia minuto a minuto del paso de Etchecolatz por la sala de audiencias el viernes pasado por la noche. Gracias a una cámara de seguridad que registra de frente a los acusados, pudieron seguir paso a paso la escena captada por los reporteros gráficos y audiovisuales de Infojus Noticias y la Televisión Pública. Allí se observa a Etchecolatz con el papel en la mano en diferentes tramos de la audiencia y se advierte cuando, al final de la lectura del veredicto, intenta acercase al tribunal, lo cual es impedido por los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal. "Todo ello ocurrió mientras el imputado estaba en el estrado, junto con otros acusados y efectivos del servicio penitenciario que lo custodiaban, en una posición en la que cualquier medio periodístico de los ubicados en las zonas prefijadas podía captar la secuencia antedicha", señalaron los fiscales, y agregaron: "Se advierte en la filmación enviada a esta Unidad Fiscal por el Tribunal Oral Federal N° 1, que el papel sostenido por el imputado se hallaba en una posición que indudablemente estaba al alcance de cualquier medio presente en los lugares aludidos". Schapiro y Nogueira pusieron de relieve que "la referencia inscripta en el papel aludido (“Jorge Julio López Secuestrar”) tiene una clara intencionalidad intimidante o perturbadora, teniendo en cuenta la relación que evidentemente guarda con hechos que están siendo investigados" en la denominada causa López. "Más de una hipótesis de trabajo e investigaciones practicadas sobre el particular, se han enderezado sobre la posible responsabilidad de miembros de fuerzas de seguridad que desplegaron su accionar en la dictadura", indicaron los fiscales. Y remarcaron: "Ello es un hecho público y notorio, lo cual permite suponer válidamente que el imputado Etchecolatz se montó en dicha circunstancia y en la abundante cobertura periodística que tuvo la lectura del veredicto, para generar un efecto intimidante y/o perturbador a las víctimas y posibles testigos de los procesos por crímenes de lesa humanidad". Según consignó el sitio judicial Fiscales, al fundar la imputación por el delito de intimidación pública, los fiscales indicaron que "el accionar desplegado por Etchecolatz, tal como exige la norma, tuvo capacidad para quebrantar la tranquilidad pública, generando un estado de alarma, miedo o temor público". Los representantes del Ministerio Público recurrieron a la doctrina y especificaron que ese delito se caracteriza por "el empleo de medios materiales que tienen como fin generar el estado de temor, tumulto o alarma social aludidos, no requiriéndose que se consume tal fin, sino sólo que la acción desplegada tenga la aptitud de poder producir tales efectos". "La desaparición de Jorge Julio López, ocurrida el pasado 18 de septiembre de 2006, es a esta altura un hecho público y notorio, que marcó un punto de inflexión en los juicios por delitos de lesa humanidad y tuvo un impacto muy profundo respecto de las víctimas en la dimensión psico-social de los padecimientos y traumas sufridos, con ribetes emparentados con las lógicas de antaño, en orden a la incertidumbre sobre el destino de la víctima", añadieron Nogueira y Schapiro.