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a ausencia de los acusados fue la nota distintiva de la tercera audiencia en el juicio escrito por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la denominada Área Paraná. Esta vez, Jorge Humberto Appiani y Cosme Ignacio Marino Demonte, los únicos que habían asistido en los días previos, pegaron el faltazo y uno de los testigos lo hizo notar: “Me hubiera gustado que estuviese presente. Esperé muchos años para mirarlo a los ojos y decirle a la cara quién dice la verdad y quién miente”, se lamentó Jorge Alberto Taleb, un ex detenido político que declaró este viernes. No obstante la ausencia de los represores, el juez federal Leandro Ríos recibió el testimonio de tres ex presos políticos que ratificaron sus declaraciones anteriores, tal el mecanismo previsto por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal que rige el proceso, y dos de ellos se sometieron también al mecanismo de la “absolución de posiciones”, rebatiendo las polémicas afirmaciones enunciadas por Appiani. El rol de la patota de la Policía de Entre Ríos en la tarea represiva fue un punto común sobre el que se explayaron Taleb, Luis Sotera y Juan Antonio Torres. Los tres fueron secuestrados por grupos de tareas, entregados a los militares y sometidos a golpizas, amenazas, vejaciones y torturas para que suscribieran declaraciones incriminatorias que les fueron arrancadas en sesiones de tortura y ni siquiera les permitieron leer. En ese esquema, señalaron a policías provinciales y militares uniformados como sus verdugos. Con distintos niveles de responsabilidad, surgieron los nombres del subcomisario Francisco Luis Armocida –separado del proceso por cuestiones de salud– y los oficiales Daniel Manuel Rodríguez, alias Pancita (fallecido), y Carlos Horacio Zapata, que le dicen Zapatita. También mencionaron a los militares Carlos María Cerrillos (fallecido), Oscar Ramón Obaid y a quien fuera director de la unidad penal, José Anselmo Appelhans. En la audiencia de este viernes surgió también el nombre de un tal Ramiro, que sería el apodo que utilizaba un militar que no ha podido ser identificado durante las sesiones de tortura. “Era una persona petisa, morruda, con la cara como picada, que vestía siempre ropa de fajina, sin insignias y tenía una voz muy particular porque parecía la de un fumador”, lo describió Taleb. Ramiro, según dijo, participaba activamente en las sesiones de tortura. Inclusive, recordó que Armocida le dijo que quien comandó el operativo donde fue secuestrada su esposa, el 24 de marzo, “fue el coronel González”, dejando entrever que sería Ramiro. El nombre de Appiani volvió a aparecer en escena, como en audiencias anteriores, como el cerebro detrás del armado de los consejos de guerra, esas parodias de juicios militares en los que decenas de presos políticos –incluidos Taleb, Sotera y Torres– recibieron largas condenas de prisión, y como una voz siempre presente en las torturas. Otra novedad que surgió en esta audiencia fue que Appiani recusó nuevamente al juez Ríos. El magistrado contó escuetamente que el represor objetó que en la primera audiencia se hiciera un cuarto intermedio para que las partes pudieran estudiar el pliego de aseveraciones que había presentado para “absolución de posiciones”. Si bien no detalló los fundamentos de la recusación, Ríos dijo que la había rechazado y que seguramente sería resuelta más adelante por la Cámara Federal de Apelaciones, a la que recurriría el imputado. Antes del golpe Taleb fue detenido en junio de 1975, en Diamante, por una patota de la Policía provincial y condenado a 22 años de prisión en un consejo de guerra por su participación en el homicidio de Jorge Cáceres Monié, que ocurriría seis meses después (sic), es decir, mientras estaba privado de la libertad. Pasó un tiempo en la cárcel de Paraná y después fue trasladado a Gualeguaychú. Ya en dictadura fue nuevamente derivado a la capital provincial, pero a los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones. Allí volvió a ver a alguien a quien conocía del Liceo Militar: “El Indio Cerrillos, le decíamos, porque era un poco desaliñado”, contó. “Era un amigo; habíamos estudiado juntos y como era de Basavilbaso, a veces cuando nos dejaban salir, para no irse tan lejos, lo pasaba en mi casa”, señaló en un tramo de su declaración. Sin embargo, señaló a “Zapatita y Pancita Rodríguez” como “los torturadores” dentro del Escuadrón de Comunicaciones, lo que revela la complicidad de la patota policial con la represión, puesto que se les permitía el ingreso a la unidad militar. Después fue devuelto a la cárcel y luego nuevamente trasladado, esposado y encapuchado, a una casa cercana a los cuarteles, donde fue estaqueado a una cama con elásticos y torturado con picana eléctrica durante quince días. “Appelhans era el director de la cárcel, él era quien nos entregaba a los militares”, aseveró. La tortura “Cuando a uno lo están torturando, después no quiere que lo torturen más, prefiere que lo maten. La tortura lo lleva a uno a un límite que no lo soporta más” dijo a su turno el próximo ex detenido en declarar. Luis Sotera fue detenido ilegalmente en Santa Fe por una patota de la Dirección Investigaciones de la Policía, el 21 de octubre de 1976, recibió golpes de puño, puntapiés y pasajes de corriente eléctrica por su cuerpo durante tres días en la Comisaría de El Brete; fue estaqueado de pies y manos a una cama de hierro, con los ojos vendados y encapuchado y otra vez picaneado en una casa cercana a la Base Aérea; y lo mismo después en el Escuadrón de Comunicaciones del Ejército. “Cuando uno está en la tortura, prefiere que lo maten o es capaz de firmar cualquier cosa con tal de no volver a ser torturado nuevamente”, dijo sin ambages. Sotera no sabe quién le pegó ni quién lo torturó porque estuvo siempre encapuchado. Pero reconoció una voz que aparecía siempre, “era como aporteñada”, la de Appiani. Fue Appiani, junto con otro oficial joven, quien lo retiró de los calabozos de Comunicaciones para interrogarlo en una ocasión; volvió a escucharlo durante el traslado a la casita de la Base Aérea; y fue el mismo Appiani quien le entregó una lista con una serie de nombres para que eligiera a quien sería su defensor en el consejo de guerra. “El tipo ni siquiera era abogado, me dijo que estaba todo armado y que él solo tenía que firmar; todo era como una obra de teatro”, graficó Sotera. Lo que debía firmar su “defensor” era lo que antes había preparado Appiani. También mencionó a Obaid como uno de los custodios que tenía en la casita cercana a la Base Aérea. Dijo que lo conocía porque habían sido vecinos y que esa circunstancia le permitió tener algunos beneficios, como recibir comida o poder dialogar con otros guardias. Inclusive, uno de ellos llegó a contarle en una oportunidad que estaba mal psicológicamente “porque había tenido que matar a uno de ‘ustedes’”. Si bien no pudo identificar a quien le hizo esa confesión, aseguró: “El que sabe quién era es Obaid”. La séptima vez En la audiencia de este viernes también declaró Juan Antonio Torres, otro ex detenido político, quien se limitó a ratificar las seis declaraciones que ha dado desde que fue privado ilegalmente de la libertad, el 29 de octubre de 1976.Este viernes se desarrolló Antes había declarado ante los jueces Jorge Enríquez y Raúl Ernesto Martín, durante la dictadura; ante la Comisión Bicameral Legislativa y ante la Cámara Federal de Apelaciones, en los primeros años de la democracia; y finalmente ante la jueza Myriam Galizzi, tras la anulación de las leyes de impunidad. Allí relató que fue secuestrado por una patota de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, golpeado y torturado con picana eléctrica en la Comisaría de El Brete, donde reconoció a Carlos Horacio Zapata y Manuel Daniel Rodríguez entre sus verdugos. Allí fue obligado a suscribir una declaración, que también lleva las firmas de Zapatita, como le decían, y de Alberto Rivas, sin permitirle su lectura. Luego fue trasladado a los cuarteles del Ejército y de allí a una casa operativa ubicada en cercanías de la Base Aérea, donde permaneció durante una semana y fue nuevamente torturado con pasajes de corriente eléctrica por su cuerpo, hasta que sufrió una descompensación y una persona, que presume sería médico, indicó que cesaran las vejaciones. Entonces fue derivado otra vez al Escuadrón de Comunicaciones y finalmente a la unidad penal. Allí, según dijo, en una ocasión, el director de la cárcel, Appelhans, reunió a un grupo de presos políticos en el patio y los amenazó con aplicarles la “ley de fuga”, un perverso instrumento al que echó mano la dictadura para asesinar a disidentes políticos simulando que intentaban evadirse de los centros de detención. (El Diario)