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onvocadas por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), 18 obras sociales presentaron este miércoles en la comisión de Salud del Senado el borrador de un proyecto de ley por el cobro indebido del plus, confirmó el presidente del organismo, Fernando Cañete. “El texto es perfectible, pero queríamos avanzar sobre un tema que debe ser abordado por todos, gobierno y obras sociales”. Tras la reunión que se realizó en la sede de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) entre dirigentes que integran las tres comisiones –política, prestacional y jurídica-, conformadas el 24 de setiembre pasado en la primera reunión entre obras sociales provinciales, Cañete señaló que el motivo del encuentro con el titular de la Comisión de Salud del Senado, Eduardo Melchiori, fue transmitirle cómo trabajan en forma conjunta, y cuáles son las problemáticas que tiene cada una, pero fundamentalmente, “explicarle sobre lo que nos unió al principio, que fue el cobro del plus”. Sobre este punto, “lo anoticiamos de nuestro interés para que la Legislatura entrerriana pueda tomar este tema, transformándolo en Ley. También le hicimos conocer que estamos a disposición de ambas Cámaras para avanzar en normas sobre aquellas situaciones que atraviesan las obras sociales, y evaluar en conjunto cómo se pueden resolver”. En rigor, las obras sociales le llevaron a Melchiori el borrador de un proyecto de ley sobre cobro indebido del plus, acompañado por antecedentes en otras provincias. “Nos preocupa el cobro del plus que realizan algunos profesionales; que no se haya reglamentado en la provincia la Ley de Medicamentos Genéricos, y el análisis del proyecto de ley sobre Diabetes, texto que está próximo a aprobarse en Diputados”. En diálogo con AIM, el funcionario precisó que Iosper “cumple con lo que establece la Ley Nacional de Diabetes, pero también estamos interesados en conocer cuál será la norma en la provincia. La reunión con Melchiori fue positiva, y quedamos en avanzar juntos porque como obra social, no queremos plantear solamente nuestra problemática, sino también la de nuestros pares, y para ello tenemos que hacer causa común”. Según afirmó, el senador oriundo de Islas se comprometió a “trabajar en la iniciativa, si son todas las obras sociales las que acompañan. Naturalmente, le hicimos saber que lo que hacemos es con mucha seriedad, por lo que estamos convencidos en que podemos avanzar juntos con la comisión de Salud del Senado”. Sobre el conflicto con las clínicas Párrafo aparte dedicó al caso de interrupción de servicios que la Asociación de Clínicas y Sanatorios realizó a la Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac). “Espero que no haya sido porque en la reunión que mantuvimos 18 obras sociales el 24 de setiembre pasado, se anticipó que estábamos dispuestos a tomar medidas contra el cobro indebido del plus y a analizar acciones en conjunto por otros temas. Nos solidarizamos con los compañeros de Osecac y ratificamos que la idea de todas las entidades es unificar criterios para seguir trabajando en forma conjunta”. Transparentar el mercado de la salud Por su parte, el director Ejecutivo la UGL XIV del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), Carlos Alonso, afirmó a AIM que “la idea es transparentar el mercado de salud, para que todos conozcan los valores y los aranceles que se pagan, y poder hacer una causa común para obtener el mejor beneficio para los afiliados, porque, en definitiva, todo el esfuerzo que se hace es para que tengan una atención adecuada a sus necesidades, en un tema tan delicado como es la salud”. En ese sentido, afirmó que el proyecto para impedir el cobro del plus es un paso muy importante para el sector, e indicó que la intención es reunirse con las comisiones de Salud de ambas Cámaras “para avanzar en la parte política e instalar el tema en la agenda pública la necesidad de regulación del cobro del plus”. Sobre la iniciativa, el funcionario nacional destacó que uno de los aspectos principales es “hacer una enunciación taxativamente puntual sobre las áreas que no deberían realizar el cobro indebido del plus, más allá de dejar un paraguas jurídico más amplio”. Por otro lado, comentó que también se trabaja en una propuesta de una normativa “para crear un área en Salud que regule la actividad y, en el marco de un conflicto, pueda mediar entre las obras sociales y los efectores”, porque argumentó que “no puede ser que a unas obras sociales se les cobre por una prestación un costo y a otras tres veces más, y cuando no se llega a un acuerdo se la extorsiona con cortar el servicio”. Al respecto, detalló que el objetivo es “elaborar un nomenclador en conjunto, comparando los valores”. Mayor control a los profesionales de la salud Por su parte el representante de Sedapper, Daniel Furlán, explicó que los afiliados a ese gremio son empleados públicos que tienen servicios del Iosper, por lo que pretenden que “se instrumente, a través de los ministerios de Salud y de Trabajo, una comisión especial para controlar el cobro del plus, porque hay médicos que se retiran de sus unidades laborales en los centros de salud y después en ese horario atienden a trabajadores públicos y les cobran un plus; es un globo que va a reventar”, advirtió. Además, comentó que “el tema puntual es que nuestra obra social está asfixiada económicamente porque después de aquella Ley de Emergencia se quitaron puntos de aportes por los jubilados y patronales por lo que existe un desfinanciamiento que hoy se debe denunciar públicamente. A eso se suma que a la orden que da la obra social, en algunos casos, se le paga al médico 250 pesos de plus. De esto deben tomar nota los legisladores y funcionarios provinciales para trabajar en los controles donde también debería intervenir la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), porque muchas veces, ese capital no se factura”.