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l Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó este martes a prisión perpetua al ex general Santiago Omar Riveros, y a 23 años al último dictador, Reynaldo Benito Bignone, en el marco de los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo. En este caso se trató del llamado "juicio de los obreros", por el secuestro y desaparición de trabajadores de la zona norte del Gran Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983). Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña también condenaron a otros cuatro acusados a penas de entre 17 y nueve años de prisión y absolvieron a tres imputados. Este fue el undécimo juicio en la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo, en los que ya habían sido condenados Riveros, Bignone y el ex subcomisario bonaerense Luis Patti. El "juicio de los obreros" fue por el secuestro, tortura y desaparición de 60 trabajadores de los astilleros Astarsa y Mestrina, de las plantas ceramistas Lozadur y Cattáneo y de la metalúrgica Bopavi, todas de la zona norte del Gran Buenos Aires. El Tribunal también condenó a 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa, a 16 años a Eugenio Guañabens Perelló y a nueve años a Juan Demetrio Luna y a Juan Carlos Gerardi. Todos los condenados recibieron además la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. En tanto, fueron absueltos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado. Los fiscales Marcelo García Berro y Guillermo Silva habían pedido penas de prisión para los nueve acusados. El Tribunal dará el próximo 5 de noviembre a las 12 horas los fundamentos de su resolución. En sus alegatos, las querellas pidieron que los empresarios a cargo de los astilleros y las ceramistas sean investigados por su participación en los delitos de lesa humanidad contra los trabajadores. Las víctimas de estos crímenes de la dictadura fueron mayoritariamente delegados sindicales: 28 de ellos fueron secuestrados y torturados y otros 32 también fueron desaparecidos. Dos de las víctimas tenían ciudadanía italiana: Martín Mastinú, delegado del astillero Astarsa, que está desaparecido, y Mario Marras, obrero de Mestrina que fue asesinado. Los dos tenían fuerte militancia en el sindicato de trabajadores de astilleros. El abogado querellante, Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que "eran todos trabajadores, la mayoría delegados sin militancia política partidaria, y mucho menos en una organización armada, que fueron perseguidos por su condición de militantes gremiales". El letrado añadió que "el objetivo era desactivar reclamos sindicales con una finalidad económica en beneficio de las empresas privadas". La de este martes es la cuarta condena recibida por Bignone, el último presidente de facto. Ya fue sentenciado a perpetua por el secuestro y homicidio del militante peronista Gastón Goncálvez y el secuestro del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto, asesinado en un simulacro de accidente. También recibió 25 años de cárcel por decenas de secuestros, entre 1976 y 1978, cuando se desempeñaba en Campo de Mayo, y otros 25 años de prisión por el robo de bebés nacidos en la clandestinidad, cuando sus madres eran prisioneras ilegales de las fuerzas de la represión, publicó La Nación.