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a Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos manifiestó su “profunda preocupación por la revictimización a la que serán sometidas las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura en el marco de la causa Área Paraná de persistir la posibilidad de que el represor Appiani, en ejercicio de su defensa, pueda interrogarlas durante el proceso”, según expresaron en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Dicha situación tuvo lugar cuando el militar imputado presentó un escrito con 29 postulados a los que se debe responder por sí o por no, “en su mayoría absolutamente impertinentes y plagados de prejuicios”, y que le fueran efectuados mediante el juez Leandro Ríos a la víctima-querellante Eduardo Ayala. Esto sucedió luego de que el magistrado rechazara el pedido de inconstitucionalidad de la absolución de posiciones solicitado por las querellas, que previamente y junto al Ministerio Público Fiscal observaron la gran mayoría de esas afirmaciones “por contener infinidad de adjetivos y juicios tendenciosos, difamatorios e impertinentes”. Tal como advirtió Ayala ante el juez, consideramos que este mecanismo es “violento, revictimizador e inquisitivo, ya que somete a las víctimas de represores como Appiani a interrogatorios sobre su vida personal y militancia política similares a aquellos llevados a cabo en los “Consejos de Guerra”, parodia de juicio donde los militares “juzgaban” a los detenidos en cautiverio y sin ninguna garantía constitucional”. Algunas de las posiciones que Appiani presentó en sobre cerrado media hora antes de la audiencia, y que debían ser contestadas de manera afirmativa o negativa, contenían “afirmaciones bizarras, como que la víctima ‘accedió a cargos públicos con posterioridad a 1983 por el sólo antecedente de su militancia en Montoneros y su detención durante el gobierno militar’, como así también afirmaciones extraídas de su declaración en cautiverio que ‘suscribió voluntariamente, sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes’ en el acta de acusación que le imputara el fiscal del Consejo de Guerra”. “De persistir el uso de esta herramienta, es posible que víctimas de tortura, vejaciones y violaciones sexuales sean nuevamente interrogadas por aquellos que fueron responsables de esos ilícitos. Es por ello que manifestamos nuestra profunda preocupación al respecto y rechazamos esta práctica oscurantista”, señalaron los organismos de derechos humanos. “El juez tiene amplia facultades para decidir cómo deben desarrollarse las audiencias y su modalidad. No es nuestro afán coartar el ejercicio del derecho a la defensa en juicio de los imputados, pero sí tenemos un compromiso con las víctimas que durante todos estos años han contribuido a este proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, concluye el documento.