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a Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos llamó a concentrarse el próximo lunes a las 8:30 en la puerta de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (25 de mayo 256), donde comenzarán las audiencias orales en el marco de la causa Área Paraná, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura. Cabe destacar que, a diferencia de los otros dos juicios que se llevaron adelante en la provincia (Hospital Militar y Harguindeguy), esta causa se tramita por el antiguo Código, vigente al momento de iniciada la investigación con la recuperación de la democracia. Entre otras particularidades, allí se establece que el desarrollo del proceso se realiza de manera escrita, lo cual obstaculiza la difusión de los hechos ventilados, en este caso de gran significación histórica. Por este motivo, organismos de derechos humanos y querellantes solicitaron al juez Leandro Ríos que los testimonios en la presente etapa de plenario (equivalente a la instancia oral en el nuevo Código) se realicen de manera oral y pública, petición que fue avalada por el magistrado. En la causa se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención de la costa del Paraná contra 52 víctimas, cinco de las cuales aún permanecen desaparecidas: Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko. Por esos delitos imprescriptibles están imputados los ex militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas, el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el ex policía Carlos Horacio Zapata y el médico Hugo Mario Moyano. La causa Área Paraná se inició con la recuperación democrática y fue interrumpida con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 1987. Con la anulación de esas normativas en 2003 se retomó la investigación, que ya lleva más de 10 años desde su reapertura y aún no arribó a una sentencia. Las víctimas, querellantes y organismos de derechos humanos presentaron el año pasado a la Justicia Federal, al cumplirse exactamente una década del reinicio de la causa, un petitorio con más de 500 firmas exigiendo celeridad en el proceso, que se vio retardado por innumerables maniobras dilatorias de los represores. Con la consumación de esta instancia se espera que antes de fin de este año (en el cual la causa cumple tres largas décadas desde su inicio) pueda haber sentencia por los delitos de lesa humanidad allí investigados.