E

l oficialismo aprobó en la noche del miércoles en el Senado y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de 'Pago Soberano de la deuda', que cambia la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados, pero a pesar de introducirle cambios no consiguió la adhesión del arco opositor. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada tras un debate de casi 10 horas con 39 votos a favor y 27 en contra, mientras que los senadores del Frente Amplio UNEN Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda se abstuvieron de votar. El bloque oficialista le hizo algunos cambios al proyecto, entre los que se destacó la ampliación de la jurisdicción de pago a Francia y la creación de una comisión bicameral para investigar el origen y evolución de la deuda externa, pero esto no alcanzó para coneguir la adhesión del arco opositor. Tras el mal trago que debió pasar con la presencia del vicepresidente Amado Boudou, el oficialismo en el Senado dio el primer paso de cara a la meta oficial de exhibir voluntad de pago hacia los bonistas y logró aprobar este miércoles el proyecto de ley de pago soberano de la deuda, al imponer su mayoría con 39 votos. En un debate prolongado y sin demasiados cruces, la oposición mantuvo su rechazo a la iniciativa a pesar de las modificaciones que la Casa Rosada ordenó realizar, y reunió 27 votos, de parte de la UCR, el interbloque FAP-UNEN, el Peronismo Federal y el Pro. Hubo apenas dos abstenciones, de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI), que de todos modos no ahorraron críticas al texto en discusión. El bloque oficialista defendió enérgicamente los procesos de reestructuración de deuda llevados a cabo en 2005 y 2010 y cargó contra los fondos buitre y su “complicidad” con la Justicia norteamericana, razón que motivó la propuesta para cambiar la sede de pagos. El proyecto, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, fue avalado en una sesión que arrancó con el condimento extra de la presencia del vicepresidente Amado Boudou, que una vez más fue vapuleado por la oposición en el marco de las múltiples causas judiciales que lo involucran. Ley de abastecimiento Con 38 votos, de senadores propios y aliados, el Frente para la Victoria se alzó con la media sanción de la nueva Ley de Abastecimiento propuesta por el Poder Ejecutivo, que actualiza las multas y autoriza una mayor intervención del Estado en el proceso de formación de precios. Fue al cabo de un debate en el que la oposición, con 27 votos, rechazó de plano la iniciativa por la “discrecionalidad” que depositaría la propuesta en los funcionarios públicos para formar precios y aplicar sanciones. Bajo ese argumento votaron en contra la UCR, el interbloque FAP-UNEN-CCARI, el Pro y el Peronismo Federal, que mantuvieron su postura a pesar de los cambios que aceptó efectuar el oficialismo en el debate en comisión para morigerar el poder que tendrá con la ley la Secretaría de Comercio. La previa del debate se vio recalentada por el denominado “Grupo de los seis”, que anunció a través de un comunicado que acudirá a la Justicia si se sanciona la ley, a la que las cámaras empresarias tildan de “inconstitucional” "establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas". El proyecto de ley de abastecimiento El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores. En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico. Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas. El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca. Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo. Durante el debate en comisión, el oficialismo también accedió a eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”. Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe. Nuevo fuero destinado a los consumidores Con apoyo generalizado de la oposición, el Frente para la Victoria consiguió aprobar el proyecto menos conflictivo del paquete dirigido a los consumidores: la creación de un nuevo fuero judicial para atender los reclamos. La iniciativa del Poder Ejecutivo, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, obtuvo 53 votos a favor contra 11 en contra. Así sucedió en la votación en general, pues en la votación en particular, la oposición votó en contra ciertos artículos. La iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días. Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas. Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente. Asimismo, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados, al cabo de una sesión maratónica, el proyecto del Poder Ejecutivo para crear un observatorio de precios, con 38 votos a favor y 27 en contra.