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l conflicto con los holdouts tuvo este viernes una jornada con novedades, ya que por un lado, Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte Internacional de La Haya para tratar el conflicto, según informaron fuentes del Departamento de Estado; mientras que el juez neoyorquino Thomas Griesa amenazó con una orden de desacato, y desde el Ministerio de Economía volvieron a criticar el proceder del magistrado. Por una parte, el gobierno estadounidense descartó la posibilidad de que el conflicto llegue a la Corte Internacional. De acuerdo con lo consignado por agencias internacionales, voceros del Departamento de Estado señalaron que La Haya "no es el foro adecuado" para atender la demanda presentada por la Argentina. Si bien la Administración de Barack Obama aún no formalizó el rechazo, la decisión adelantada por los voceros del Departamento de Estado se conoció un día después de que la Argentina hiciera pública su presentación ante el tribunal internacional. Asimismo, la Argentina había adelantado que, en caso de que Estados Unidos no aceptara la competencia de La Haya, deberá "indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia". La Jefatura de Gabinete indicó en un comunicado que la "demanda" contra los Estados Unidos es "por la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la República Argentina" y de "su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado", consignó DyN. "La responsabilidad internacional de las Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa", añadió la Jefatura de Gabinete en el comunicado. La reacción de Griesa Más temprano, el juez Thomas Griesa dijo que los avisos que publicó el país en diferentes medios el jueves son "falsos y engañosos" y aseguró que "no hubo pago" de la deuda, porque el país atiende sólo la de los bonistas reestructurados y no la que surge de su sentencia. El magistrado señaló que si el gobierno "no para con las declaraciones falsas será necesario (dictar) una orden de desacato", y le pidió a las partes que sigan negociando bajo la mirada del "special master", Daniel Pollack. La audiencia, que se llevó a cabo en el edificio que ocupa el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, en el 245 de Park Avenue, recinto 26B, fue casi toda monopolizada por Griesa, quien fue muy duro con la Argentina, especialmente cuando se refirió a los términos de la solicitada. En dos páginas enfrentadas, el gobierno publicó un "Aviso legal a los tenedores de deuda" en el que reiteró que la Argentina no entró en "default" y les recordó a los bonistas que podían cambiar de agente de pago. "No hay ninguna duda de que la República Argentina ha pagado en tiempo y forma los montos correspondientes a los vencimientos de los Bonos Reestructurados", se decía en la solicitada, criticada por Griesa, quien acusó a Argentina de "omitir sus obligaciones esenciales" por no decirle "al público" que tiene una sentencia que cumplir. "El pago de una parte de la obligación no es el pago de todas las obligaciones legales", precisó Griesa en relación a la deuda de quienes entraron en los canjes de 2005 y 2010 y a la sentencia que le reconoce a los holdouts unos u$s1.300 millones, aún impaga. Finalmente, desde el Ministerio de Economía se difundió un comunicado en respuesta a las afirmaciones de Griesa, y en el que se acusa al magistrado de "no resolver nada". "Los representantes legales de la República Argentina concurrieron a una nueva audiencia convocada por Griesa en la que el juez continuó sin dar resolución a ninguna de las cuestiones pendientes", dice el comunicado, que agrega que "Griesa mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 con el único propósito de forzar a la República Argentina a pagarles a los fondos buitres". El Ministerio además destaca una aparente "contradicción" del juez "al sostener que Argentina no pagó", aunque en la audiencia anterior "reconoció que había cumplido con su obligación, y decidió mantener los fondos que son propiedad de los acreedores en el Banco de Nueva York hasta que la República le pague a los fondos buitre la suma de u$s1.600 millones". "Más allá de las nuevas presiones y contradicciones en las que incurrió el juez, Argentina sostiene su posición. La República continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores", concluye el comunicado.