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sí lo confirmó el defensor Adjunto del Pueblo de Paraná, Pablo Donadío, quien cuando se conoció el incremento, junto con su par de la provincia vecina, hizo sendos pedidos de informes la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el Ministerio de Transporte de la Nación. La noticia de la autorización de aumento llegó por parte de la CNRT. “Nos hicieron saber que había resolución que autoriza el aumento del pasaje del colectivo que recorre Paraná-Santa Fe y que el mismo es a partir del 30 de junio”.El 1º de julio, los usuarios se enteraron de la nueva escala de precios en los boletos una vez arriba de los ómnibus. Las empresas Fluviales–ERSA y Etacer–Flecha Bus impusieron el valor de 7 pesos para estudiantes y 8 pesos para el pasaje general. La tarifa plana subió 50 centavos (de 7,50 a 8 pesos) y la tarifa para estudiantes se incrementó un peso (de 6 a 7 pesos). El Ministerio de Interior y Transporte de la Nación puso un tope de 9 pesos. “En su momento no nos quejamos del valor del aumento en sí sino la forma en que las empresas habían instrumentado el aumento sin aviso previo al usuario. Cuando hicimos el reclamo ante la CNRT nos enviaron esta resolución que dice que el aumento estaba autorizado y que ellos habían notificado a través de la Secretaría de Transporte de la Nación”, precisó Donadío, quien dijo que desde el organismo del que forma parte “ya no hay nada más que hacer, al menos por parte nuestra”, apuntó a El Diario. El aumento anterior en el transporte interurbano de pasajeros había sido en el mes de diciembre pasado. Precisamente el último día del año. El primer día de 2014 los usuarios del servicio se encontraron con un cartel que consignaba la suba dispuesta por las empresas, llevando el pasaje general desde 5,70 a 9,80 pesos y el boleto para estudiantes, docentes y jubilados desde 4,80 a 8 pesos. Esa medida convulsionó los ámbitos estudiantes, que se reunieron en asambleas y se movilizaron. El último incremento se dio en un marco similar: receso estudiantil, único sector que se moviliza cada vez que se modifican las tarifas. El momento de implementarlo –quedó claro– no fue al azar. “Estamos ante la misma situación del aumento de diciembre, la idea es agarrar a la asamblea universitaria desarmada, en pleno receso”, comentó Juan Cruz Butvilofsky, integrante de la asamblea estudiantil autoconvocada y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. En julio, como en diciembre, la medida volvió a organizar a los estudiantes, pero todo quedó en la nada. “Estamos desorganizados. En realidad, lo que sucedió es que en el último conflicto agrupaciones identificadas con el kirchnerismo impulsaron la creación de una comisión para abordar el tema y nunca convocaron, por lo tanto dejaron que todo se desarme”, cuestionó Butvilofsky. Y agregó: “De todas maneras, la semana que viene, con el comienzo de las clases, vamos a retomar el tema y lo llevaremos a Consejo Superior” de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El 17 de enero, el gobierno provincial emitió un comunicado titulado “El gobierno entrerriano logró una sensible rebaja en las tarifas entre Paraná y Santa Fe”. Así, daba cuenta del resultado de gestiones realizadas ante funcionarios de Transporte de la Nación, por lo que se anunciaba la baja de 9 a 7,50 pesos el pasaje general y de 8 a 6 pesos el viaje para estudiantes y jubilados. La rebaja debía ser refrendada por una nueva resolución (Nº 1609/13), emitida por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, que modificara la anterior mediante la que las empresas actualizaron los precios con más de un 70 por ciento a partir del 1 de enero pasado. La autorización La resolución de la CNRT Nº 579/2014, por la que se autoriza el último aumento tiene fecha del 24 de junio pasado, pero tardó en conocerse públicamente. “De todas maneras, pasaron cuatro días como para que las empresas puedan informar a los usuarios y no dejar que los mismos se enteren por carteles al subirse al colectivo, se quejó Donadío. El texto dice que “las mejoras constatadas respecto del salario real de la población, acompañadas por una marcada caída de los índices de desocupación, permitieron que parte del déficit de cobertura de los costos de explotación de los servicios de transporte urbano y suburbano fueran atendidos mediante la reestructuración de sus niveles tarifarios”. El Ministerio de Transporte –en la resolución– indica que “es política del Estado Nacional propiciar acciones que tiendan a tutelar a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad social, tal es el caso de aquellos que cuentan con planes sociales otorgados por el mismo Estado Nacional como la Asignación Universal y el Programa Jefes de Hogar y/o pertenezcan a grupos de afinidad como ser jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico y veteranos de la guerra de Malvinas, todos los cuales se encuentran individualizados en los registros de Anses”.