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a aplicación de la ordenanza que establece el descanso dominical para los trabajadores de comercio de Concordia continúa suspendida por decreto del Ejecutivo municipal. La cadena Carrefour presentó un amparo para impedir su implementación, el cual aún no fue resuelto por el Juzgado Civil Comercial Nº 2. Ahora distintas instituciones pedirán la aplicación de la figura “Amicus curiae” para que el juez “escuche todas las voces” implicadas en este tema, informó el presidente del Concejo Deliberante local, Mariano Giampaolo. “Amicus curiae es una figura que habilita que, en aquellos casos donde la sentencia pueda tener una repercusión social, las instituciones puedan también expresar su opinión”, explicó el concejal respecto a la presentación que harán en los próximos días, en el marco del amparo –que aún está en trámite– que interpuso Carrefour contra la Municipalidad de Concordia para que no se aplique el descanso dominical. “Un grupo de instituciones, entre ellos el Concejo Deliberante, el Centro de Industria y Comercio, el Centro de Empleados de Comercio y el Obispado, haremos una presentación judicial, conjunta o individual de cada institución, para brindarle al juez información suplementaria respecto a los fundamentos y los motivos que nos llevaron a impulsar esa ordenanza. Para que el juez tenga otras opiniones, además de las que viertan las partes”, precisó el edil concordiense. Luego recordó que tras la presentación del amparo por parte de Carrefour, el Ejecutivo municipal emitió un decreto suspendiendo la aplicación de la ordenanza “como gesto político para parar la pelota. Lo aceptamos así porque desde un principio sabíamos que esta ordenanza iba a tener resistencia”, apuntó Giampaolo, y señaló que además el intendente Gustavo Bordet les solicitó que agoten “la búsqueda de consensos” entre los empresarios y sus empleados. En aquél momento, los argumentos de la gestión municipal fueron: “no están las condiciones para establecer en forma eficiente el procedimiento previsto debido a que no se ha realizado publicidad suficiente del mismo ni adoptado los mecanismos que le permitan abastecer de manera eficiente a la población” “Por eso nos hemos reunido con varios sectores, pero lamentablemente no se han logrado esos consensos”, expresó Giampaolo. Y detalló: “Por ejemplo, las grandes cadenas no trajeron ninguna idea superadora, ninguna propuesta alternativa. Simplemente dijeron ‘no, porque nosotros podemos vender cuando queramos’. Así que esa instancia de mediación previa ya estaría agotada”, remarcó el edil del Frente para la Victoria. Por último, en declaraciones a esta APF, el concejal aseguró que las grandes cadenas en sus casas matrices ubicadas en Europa, entre ellas Carrefour, no sólo no abren los domingos sino tampoco los sábados de tarde. “Así que ese es otro argumento para nosotros. Además del fundamento madre de esta ordenanza: que se busca reconstituir el domingo como día de encuentro familiar, que se dedique un día a la familia”. Historial En diciembre de 2013, por unanimidad, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó la ordenanza que dispone el descanso dominical para los trabajadores de los distintos comercios. La iniciativa había sido impulsada por el propio Ejecutivo, presidido por Gustavo Bordet, y de la misma estaban exceptuadas las farmacias de turno, las estaciones de servicios, los servicios turísticos y aquellos comerciantes que no tengan personal a cargo. Poco tiempo después, a mediados de enero, el mismo Ejecutivo dispuso a través de un decreto la suspensión de la aplicación de la norma, a raíz del recurso de amparo presentado por Carrefour, cadena de hipermercados disconforme con la medida. Los motivos alegados por el gobierno municipal para impedir el descanso dominical para los empleados de comercio se centraron en razones de propaganda e información pública, y no en el interés de Carrefour. A seis meses de la suspensión de la ordenanza, consigna APF, el concejal Mariano Giampaolo aclaró que la prórroga de la aplicación que dictó el Departamento Ejecutivo “no tiene un plazo determinado de vigencia (se había informado que era por 90 días), sino que el plazo es abierto y se puso como condición que se den todos los consensos necesarios para su puesta en vigencia”.