L
a empresas de transporte de pasajeros de larga distancia que antes del 1º de agosto no se adhieran al nuevo programa de reordenamiento de la actividad y acepten pagar el incremento salarial del 30 por ciento a unos 20.000 choferes del sector, perderán los permisos de explotación de los servicios vigentes, según dispuso el gobierno nacional a través de una resolución que fue duramente cuestionada ayer por las cámaras empresarias del rubro.
La medida, oficializada el lunes a través de la resolución 669/14 publicada en el Boletín Oficial, se produjo en medio de la compleja negociación que los dueños de colectivos de larga distancia mantienen con funcionarios del Ejecutivo por la magnitud de la asistencia estatal para financiar el aumento salarial de los trabajadores del sector.
La flamante resolución de la Secretaría de Transporte estableció a partir del 1º de agosto la caducidad de todos los permisos y licencias para operar los servicios de pasajeros de larga distancia y determinó que para poder adherirse al nuevo programa las empresas deberán “cumplir con el acuerdo paritario del sector y/o tener acordado con el Sindicato con personería gremial de la actividad un acuerdo salarial que abarque la totalidad de 2014”, lo que implica hacer frente al aumento del 30 por ciento reclamado por la UTA.
A cambio, el Estado garantizaría a las compañías del sector la posibilidad de refinanciar sus deudas impositivas, obtener subsidios y compensaciones y autorizaciones para ajustar tarifas.
Las firmas que no cumplan con el aumento salarial directamente perderán sus permisos de explotación, aunque deberán continuar prestando los servicios hasta tanto la Secretaría de Transporte reasigne la concesión a otra compañía.
Según consignó El Cronista Comercal, desde las cámaras de la actividad repudiaron duramente la resolución. “Se pretende condicionar la aplicación de ciertas medidas reclamadas por este sector al acatamiento de un acuerdo salarial que resulta de muy difícil cumplimiento debido a la crisis económica en que se encuentra inmersa esta actividad”, señaló la Celadi (Cámara Empresaria de Larga Distancia) a través de un comunicado. Y reprochó: “aún más grave, la resolución advierte que, quien no suscriba a la misma antes del 1º de agosto, quedará automáticamente fuera de la actividad, obligando a las empresas a elegir entre firmar a ciegas o ser excluidas del sistema”.
