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no de los abogados de la firma, Leopoldo Lambruschini explicó que el juez dispuso la instrucción formal de la causa para investigar si parte del personal de Redengas incurrió en el delito de impedir, estorbar o entorpecer “el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, contemplados en el artículo 194 del Código Penal. Para estas contravenciones se prevé la pena de prisión de tres meses a dos años. La investigación se hará sobre 24 trabajadores de la firma y tres dirigentes de APJ Gas, quienes impidieron el paso del resto del personal y de los usuarios durante las manifestaciones que efectuaron frente a la sede de la firma. El letrado indicó que entre este jueves y el viernes se fijarán fechas para las audiencias indagatorias a los empleados, las que se efectuarán después de la feria judicial. Lambruschini informó además que el juez Franchi ordenó que “se garantice que el personal y las camionetas de la empresa puedan entrar y salir de las instalaciones, que era el problema fundamental que estaban teniendo”. Esto se concretará “por intermedio de la Policía”, que será la encargada de hacer “cesar en el efecto del delito a estas personas”. En declaraciones a esta Agencia, el abogado precisó: “Hasta ahora la Policía estaba custodiando y ahora va a tener que intervenir para garantizar el ingreso y egreso de la gente a la empresa”, publicó Apf. Cabe recordar que el conflicto salarial y laboral entre la empresa y sus trabajadores comenzó a fines de abril cuando las partes acordaron pautas salariales hasta el mes de agosto pero que la empresa se niega a refrendar mediante un acta en el Ministerio de Trabajo. A raíz de ese proceder de parte de la empresa, los empleados vienen realizando medidas de fuerza en sus lugares de trabajo hace algunas semanas y ante la falta de respuestas también marcharon a la Casa de Gobierno.