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l Título XI del Código Penal (CP) que versa sobre los Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, aborda en el Capítulo VII la Malversación de Caudales Públicos. En el artículo 261 prescribe que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”. Bajo ésta calificación, cuatro trabajadores del CGE que se desempeñaban como liquidadores de sueldos del organismo al momento de cometido el supuesto hecho por el que son investigados, fueron procesados por el juez de Instrucción Gustavo Maldonado por el supuesto delito de Peculado. Se les atribuyó, en su condición funcionarios públicos, haber liquidado e ingresado al sistema informático de liquidación de haberes, en distintos meses de 2007 y 2008, sumas que oscilan entre los dos mil y tres mil pesos, “en concepto de retroactivo por asignaciones familiares de diverso tipo, en forma indebida” y “al no contar con la documentación que justificaba dicha erogación, con el fin de que ese dinero se apercibido por los agentes, con quienes se encontraba en connivencia, causando de esa forma un perjuicio al fisco provincial, en la medida en que estos fueron luego ilegítimamente cobrados”. El CP determina en el Título VII las responsabilidades respecto a la Participación Criminal. En el artículo 45 estable que “los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”. Esta calificación legal le cupo a los 23 trabajadores del CGE que fueron procesados junto a los supuestos autores del delito de Peculado. A la veintena de trabajadores se los investiga para determinar si, en su condición de agentes del organismo y actuando en connivencia con aquellos cuatro trabajadores, percibieron “indebidamente” sumas que van de los dos mil a los tres mil pesos “sin la documentación respaldatoria, causando de esta forma un perjuicio al fisco provincial, en la medida en que estos fueron luego ilegítimamente cobrados”. El Ministerio Público Fiscal entendió que “las razones objetivas” para la imputación se encuentran en que “las liquidaciones de haberes cargadas en el sistema sin respaldo documental que las justificara, fueron realizadas con sus claves personales desde las computadoras de la oficina y ciertamente no obsta a esa imputación la circunstancia de que una vez ingresada la clave personal la máquina quedaba abierta para que cualquiera ingresara datos o que tuvieran que abandonar momentáneamente su puesto para realizar otras tareas administrativas dejando el sistema abierto”. Del expediente que dicta el procesamiento de los 27 trabajadores se desprende que cada liquidador tiene una clave personal y una contraseña que les provee la Dirección de Liquidaciones de la provincia al momento de asumir funciones; contraseña que luego pueden modificar. Además, se conoció que del informe que se solicitó a la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones de la provincia, para determinar los retroactivos liquidados dos años para atrás en concepto de salarios familiares mayores a mil pesos, desde junio de 2008, se detectaron aproximadamente 30 casos. Descargos Entre los descargos de los procesados como partícipes, se encuentran quienes refieren desconocimiento de lo que percibían como retroactivos; quienes lo niegan; incluso están los que manifestaron que no les llamó la atención las sumas de más en sus recibos de sueldo; en tanto que otros sostuvieron que consultaron por esas sumas a los organismos del CGE correspondientes. Hubo quien afirmó que “nadie le reclamó que devuelva el dinero” y que “se notificó de una resolución para hacer un convenio para descontar los montos recibidos”. Otros procesados expresaron que eran amenazados por los responsables del área Liquidaciones y que una de las máximas autoridades del organismo “les gritaba que eran ladrones”, publicó El Diario.