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a fiscalía ante la Cámara Federal porteña apeló este miércoles la decisión de ese tribunal de sobreseer por prescripción del delito a los imputados por el megacanje de deuda del 2001, entre ellos el estadounidense David Muldford. Según consignó Télam, fuentes de la fiscalía a cargo de Germán Moldes, el escrito fue presentado ante la sala II de la Cámara Federal que tomó esa decisión, y que ahora deberá resolver si concede la apelación y el tema es revisado por la Cámara Federal de Casación. Para el fiscal general, el megacanje durante el gobierno de la Alianza fue "una colosal estafa a las finanzas públicas". En su escrito que da cuenta la agencia estatal, Moldes remarcó que "lo único importante es que todos y cada uno de ellos respondan penalmente por sus ilícitas acciones", en referencia a quienes estuvieron procesados o imputados y fueron sobreseídos. "Lo contrario implicaría consagrar que ninguna consecuencia se avizora para la sumatoria de décadas de desaciertos, imprevisiones y despropósitos que nos trajeron a estos puertos y han provocado una fractura entre la confianza pública" y "las garantías del Estado de derecho", argumentó. Moldes aludió al "maridaje" entre "funcionarios publicos y asociaciones de privados", para "la celebración de convenios ruinosos" que comprometen la economía del país a presente y futuro. Además, aludió a "conductas claramente violatorias del catálogo represivo" cometidas por "irresponsabilidad, impericia, desidia, pusilanimidad o vaya uno a saber qué oscuras connivencias. Otros por avidez, codicia, desprejuicio e indecencia". En relación con el ex secretario del Tesoro de EEUU, David Mulford, el fiscal remarcó que en doce años la Justicia argentina no logró que se presente a declaración indagatoria sin "señales concretas de una voluntad de sometimiento o respeto a la Justicia argentina". Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah sobreseyeron por prescrición del delito a Mulford, a Horacio Liendo y a Federico Sturzenegger, entre otros imputados en la causa. La medida benefició además al ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, al ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, quienes estaban procesados por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". El único enviado a juicio oral aun sin fecha de inicio es el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. En la causa que impulsó el fiscal federal de instrucción Federico Delgado, quien pidió el procesamiento de todos los imputados y firmó el dictamen para el envío a juicio de Cavallo, se investigó la selección irregular del consorcio de bancos integrado por el Banco Francés, Banco Galicia, Credit Suisse First Boston, Grupo Santander Central Hispano, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.