L

uego de la denuncia impulsada por el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto por el que se investiga el desvío de casi 18 millones de pesos que involucra a 65 empresas, los diputados provinciales Jorge Monge (UCR-Diamante) y Emma Bargagna (Fap-Paraná) promovieron este viernes una ampliación de la denuncia por “presuntas conductas ilícitas nuevas” y para propiciar que se extienda “el período a investigarse y proponen pruebas a producir”. Además, cuestionaron la intervención del Tribunal de Cuentas, presidido por el ex ministro de Trabajo Guillermo Smaldone, por ser “inadecuado y contraindicado en esta causa judicial”. “Esta génesis de la designación del Presidente del Tribunal de Cuentas determina que `controlador´ y `controlado´ guarden una estrechísima relación de dependencia mutua que sería un grave error funcional no considerar o desconocer”, advirtieron los diputados. La presentación conjunta fue acompañada de pruebas y realizada ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Marina Barbagelata. “En virtud de los arts. 177º y 180º del rito y en nuestro carácter de legisladores provinciales, ocurrimos por el presente a denunciar presuntos actos ilícitos relacionados con la causa de referencia y que han caído en nuestro conocimiento con motivo de la función pública que desempeñamos y que solicitamos, se investiguen, dado que podrían constituir defraudaciones, cohechos u otros delitos en perjuicio del Fisco de la Provincia y, en definitiva, del Pueblo de Entre Ríos, al cual representamos por mandato popular. En recaudo, se adjuntan constancias del cargo electivo que detentamos, de donde surgiría, a unísono, la legitimación para deducir esta denuncia”, argumentaron los legisladores en el texto. En la presentación realizada este viernes, Monge y Bargagna describieron los “actos y hechos prima facie ilícitos”, contexto en el cual detallaron el procedimiento de "`compensaciones tributarias´ de proveedores del Estado" y el presunto fraude cometido al Estado por esa vía; así como el de “cancelaciones de deudas fiscales `por compensación´ de créditos inexistentes”; y el de “fraude al fisco por consignarse el falso pago de impuestos por grandes contribuyentes”, esta última, forma que habría sido la mas utilizada. Los legisladores destacaron que, “anteriormente a la informatización de la ATER -del modo como se la conoce y existe hoy-, la registración de los pagos de impuestos por compensación se realizaba en forma manual, únicamente por aquel funcionario con capacidad para tal función”. Y añadieron: “Al dejarse de lado ese sistema manual e introducirse, en su reemplazo, la variante informática, la ATER delegó roles o capacidades -diferentes para cada empleado o funcionario, según su jerarquía, siendo cada empleado responsable de mantener en secreto su clave- de modo tal que ninguna otra persona -salvo aquel que conoce la clave, está en condiciones de acceder a la base de datos y de manipularla”. “La conducta que se denuncia habría sido desplegada desde su nombramiento a la fecha por quien ocupaba el cargo de Jefe de Despacho de la ATER, señora Estrella MARTINEZ de YANKELEVICH y consistía en dar como pagado por compensación un impuesto debido por el contribuyente proveedor del Estado, sin que existiera Expediente ni Resolución en él dictada que así se lo autorizara. Indicio grave, unívoco y concordante de esta operatoria es el hecho de encontrar “deudas” y “créditos” de contribuyentes proveedores y Fisco son exactamente iguales, difiriendo, a veces, sólo en centavos”, advirtieron. Párrafo seguido, sugirieron: “Esto lo habría hecho la señora Estrella Martínez de Yankelevich desde que accedió a su cargo público, -antes, manualmente y luego, por ingreso al sistema informático- es decir, no solamente durante el lapso de tiempo en el que el Contador Marcelo CASARETTO ha ocupado el cargo de Director Ejecutivo de la ATER sino desde que se la designara Jefa de Despacho”. Y enfatizaron: “Es evidente, además, que existió concurrencia de otros funcionarios y empleados, desde adentro como desde afuera de la ATER. Esto no es un dato menor ni caprichoso, sino que el mayor tiempo en que se habrían desplegado estas maniobras irregulares por parte de los desaprensivos funcionarios públicos, implica y conlleva –necesariamente- un daño al erario público mucho mayor que el que se habría calculado en la primigenia denuncia”. “Según ha llegado a nuestro conocimiento, cada imputación de falsa compensación implicaba para la funcionaria aludida el cobro de un `dinero´ que permitiría configurar –en aproximación típica- el delito de `cohecho´ (Art. 256º del C.P.) en perjuicio directo del bien jurídico protegido por este injusto, como es la moralidad y corrección que debe imperar en la Administración Pública”, marcaron los legisladores en la ampliación de denuncia. “Y en este caso, muy especialmente, quedaría configurado el delito toda vez que la funcionaria pública hizo algo a cambio de un precio y, encima ese acto que llevó adelante fue contrario a derecho y en perjuicio de los dineros públicos”, recalcaron, según consignó Análisis. “Dicha gravedad alcanza un nivel mayor, al observar el modus operandi de los denunciados por el Director de la ATER (Martínez de Yankelevich y Gaggión), a los que se debe adunar que no se trató de un caso aislado o individual, sino masivo y extendido geográficamente en diversos puntos de la provincia, generalmente direccionado a beneficiar Grandes Contribuyentes a la vez proveedores del Estado”, afirmaron. Por ello, es que sostuvieron: “La investigación penal de las conductas de dicha funcionaria y del Sr. Daniel GAGGION, deben ir hacia atrás hasta el inicio del desempeño de la primera como Jefa de Despacho y desde allí a la fecha, de lo contrario, se estaría parcializando arbitrariamente el caso sin fundamentación atendible”. E instaron: “Tratándose de la presunta comisión de cohechos, no podemos ni debemos circunscribir exclusivamente esta denuncia a quienes habrían percibido los dineros para llevar adelante las fraudulentas `compensaciones tributarias entre proveedores del estado y el organismo recaudador´, sino que inexorablemente deberán investigarse los caminos que conduzcan, también, hacia quiénes han sido los empresarios que, directa o indirectamente –a través de terceros, como Contadores Públicos o similares- han pagado las `coimas´ a los funcionarios aludidos o cualquier otro u otros”. Y pidieron, además, “extender el período a pesquisar, no sólo por la eventual mayor extensión del daño económico producido, sino también para analizar y relevar, si acaso existieron conductas omisivas e indolentes por parte de algunos funcionarios con máximas responsabilidades que trasuntarían, cuando menos, comportamientos culposos”. “Desde que estos denunciantes no desconocen que debido a la complejidad, extensión en el tiempo de estos supuestos ilícitos y cantidad de actores que habrían participado, la prueba fundamental de esta causa será la PERICIAL CONTABLE-TRIBUTARIA que hemos solicitado”, remarcaron los legisladores. y sugirieron que debería “exigírsele a todas y cada una de las Empresas compensadas, -no sólo a las enunciadas por Director Ejecutivo de la ATER- que adjunten los comprobantes de pago por compensación y, si los tuvieren en su poder, la copia de la respectiva Resolución ministerial que eventualmente haya autorizado la compensación cuestionada”. E idéntica documentación piden solicitar “a los entes públicos comprometidos en la operatoria, concretamente: al Ministerio de Economía (para que presente las Resoluciones respectivas) y a la ATER para que haga lo propio con las emisiones de Pago y/o Compensación (de todas ellas, sin excepción)” y que “debiera el Fiscal de actuación intimar en la persona del Ministro de Economía de la Provincia adjunte a estos autos todas las resoluciones de compensación producidas durante el plazo no prescripto del delito del art. 174º inc. Pruebas Tras la extensa presentación y detalle de cada una de las modalidades de fraudes que se podrían haber utilizado, los diputados solicitaron “urgente producción de pruebas”, y a través de una serie de ítems propusieron las medidas a tomar en ese sentido para cada situación denunciada. Sin embargo, los legisladores advirtieron: “Como es público y notorio, se está propiciando por la Administración la intervención del Tribunal de Cuentas en la recolección y producción de pruebas sensibles y esenciales para dilucidar hechos y conductas objeto de denuncia. La intervención de dicho organismo es inadecuado y contraindicado en esta causa judicial”. Y argumentaron: “Ello, debido a que, como es público y notorio, quien hoy lo preside ha sido designado ha poco tiempo por el actual Gobernador de la Provincia, (Jefe de la Administración Pública provincial de la que depende ATER), a través de un proceso irregular, viciado de manifiesta inconstitucionalidad (art. 217º y 281º)”. “Esta génesis de la designación del Presidente del Tribunal de Cuentas determina que `controlador´ y `controlado´ guarden una estrechísima relación de dependencia mutua que sería un grave error funcional no considerar o desconocer”, marcaron Monge y Bargagna. “Quien ha sido capaz de aceptar la selección y discernimiento de su cargo de Presidente del máximo organismo de control de las cuentas públicas de la Provincia (Tribunal de Cuentas) en abierta contradicción con lo manda desde el año 2008 la Constitución de nuestra Provincia no está en condiciones de garantizar independencia y autonomía, que es lo también exige la Constitución (art. 213º)”, concluyeron en la presentación.