E

l funcionario integró entre el 8 de febrero de 1995 y el 25 de abril de 2002 la comisión fiscalizadora de la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, y se lo acusa de no haber controlado los subsidios estatales que recibió la concesionaria de Sergio Taselli (dueño del frigorífico de Santa Elena-Entre Ríos), empresario quien también está acusado. El juez federal Sergio Torres procesó a Cameron por la falta de control de esos subsidios, actitud que abrió el camino a que el dinero se utilizara para otros fines. Esto provocó un vaciamiento de la empresa y en 2004 propició un hecho grave: la muerte de 14 mineros que quedaron atrapados en una de las galerías. La Cámara Federal sobreseyó a Cameron, pero ahora el fiscal Raúl Pleé le pidió a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que lo revoque y se lo siga investigando. "No se advierte que los imputados hayan ejecutado un mínimo esfuerzo en denunciar, informar o dictaminar el incumplimiento del contrato de concesión que deje plasmada la real situación de la empresa, actuando con total pasividad frente al desfalco que se ocasionaba a los bienes confiados a la Comisión", la cual integraba Cameron, sostuvo Plee. Además, sostuvo que "no hubo por parte de la Comisión Fiscalizadora un estricto apego a las funciones que estaban confiadas en su calidad de custodios del cumplimiento del contrato de concesión" con la empresa que manejaba Taselli, Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Según el fiscal, la falta de control "facilitó la prosecución de la actividad defraudatoria desplegada dentro de la empresa concesionaria"; en caso contrario "hubiere devenido imposible" la maniobra. "Tanto el contrato de concesión, como las normativas que crearon y regularon la comisión fiscalizadora, establecen los deberes de vigilancia y la exigencia de observar e informar sus infracciones a la autoridad de aplicación, en el caso, la Secretaría de Energía", añadió el funcionario judicial. Por último, Plee sostuvo que para la fiscalía hay sospechas de una "posible existencia de un actuar connivente de características ilícitas entre los directivos de YCRT y los funcionarios públicos de la Comisión de Fiscalización". Ahora el pedido del fiscal será evaluado por los jueces Juan Gemingnani, Luis María Cabral y Ana María Figueroa, publicó Infobae.