�

��Antes de hablar de un intento de persecución, el titular de la Sociedad Rural Luís Miguel Etchevehere debería pedir disculpas a los trabajadores rurales que se encuentran en condiciones de esclavitud en un campo de su señora madre, y en todo caso asumir su responsabilidad como directivo de una de las principales entidades del sector agropecuario argentino; él debería ser el ejemplo”, expresó José Luís Lavini, delegado provincial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), por medio de un comunicado. “Nuestra tarea no está dirigida contra nadie. Visitamos todos los establecimientos rurales para que se aplique la ley 26.727. Estamos en 2014, existen derechos que deben aplicarse. Por eso no podemos tolerar que existan personas en condiciones de servidumbre en esta época”, expresó Lavini. Las declaraciones del delegado de la provincia de Entre Ríos del Renatea tienen que ver con la constatación realizada, en las habituales inspecciones que realiza en todos los establecimientos agropecuarios, donde se comprobó la presencia de personas que desarrollan actividades laborales en condiciones de escasa salubridad e higiene, tal cual quedó determinado en la denuncia efectuada ante la Fiscalía de Primera Instancia N°2 de Paraná por parte del delegado de Renatea y el asesor legal Ramón Begovich. “Nuestra tarea es terminar con el trabajo en negro en el sector rural, regularizando la condición laboral de aquellos peones o empleados que en muchos caso trabajan junto a su familia en el campo. Con este objetivo hemos logrado que muchos entrerrianos hoy tengan los mismos derechos que cualquier trabajador de la ciudad”, ponderó Lavini. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) inspeccionó siete establecimientos agrícolo-ganaderos en Entre Ríos, en el marco de una campaña de fiscalización, y detectó “explotación laboral”. Una de las propiedades en las que se detectaron irregularidades pertenece a la madre del presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. El organismo señaló oportunamente en un comunicado que 27 trabajadores fueron relevados en los diferentes predios y, en cinco establecimientos, detectó condiciones irregulares de registración. En los otros dos, además de trabajo no registrado, halló situaciones de extrema precariedad, informó el Renatea. “Nuestros inspectores visitaron el establecimiento La Hoyita, de la empresa Las Margaritas S.A., propiedad de Leonor Barbero Marcial, viuda de Etchevehere, donde dos trabajadores no registrados vivían en casas, si se las puede llamar así, que no tenían energía eléctrica, agua potable, ni baños. Son personas sin ninguna instrucción, analfabetos, que no tienen acceso a recibos de sueldo y prestaban servicios como peones generales por 450 pesos mensuales", recordó José Luís Lavini. Estas personas declararon cumplir tareas “a las órdenes de la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976”, por lo que según la Ley 26.727 de empleo agrario están en edad de jubilarse, consignó APF Digital. “Con seguridad será el gobierno el que se haga cargo de estas personas, a las que no se les han realizado los aportes previsionales para poder obtener el justo beneficio jubilatorio. Una curiosidad por parte de aquellos que viven cuestionando el rol del Estado y se arrogan la propiedad de la moral y las buenas costumbres”, manifestó Lavini. Las acciones administrativas y la presentación en sede judicial –en la Fiscalía de Primera Instancia 2 de Paraná- realizadas por el Renatea configuran la presunción de reducción a la servidumbre por parte de los integrantes de la familia Etchevehere en esta sociedad.