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l Gobierno ya recortó subsidios al agua y el gas. Ahora el Ejecutivo quitará parte del beneficio que tienen los consumidores de electricidad. Durante la semana pasada y principios de ésta, a las empresas distribuidoras de luz les llegó desde la Secretaría de Energía un pedido para que discriminen a los usuarios que están en condiciones de pagar más por el servicio. Si bien aun no salió un Boletín Oficial, Edenor, Edesur y Edelap recibieron una copia de la resolución 530 realizada por la cartera manejada por Daniel Cameron. Según el diario La Nación, en el texto recibido se solicita a las compañías la "identificación de los usuarios a los que correspondería la normalización de la facturación y (la aplicación de un) cronograma para la aplicación de la reducción de los subsidios que otorga el Estado nacional". Este recorte es parte del "Programa de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo eléctrico en la República Argentina" en el que trabajó desde enero el ministro de Planificación, Julio De Vido, para acordar con los gobernadores cómo se aplicará en cada provincia. El objetivo es recortar el subsidio (aumentar el precio) y congelar las tarifas de distribución. El Ejecutivo prometió invertir en obras públicas. En las próximas horas saldrá publicada en el Boletín Oficial la Resolución 530 que establece el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas, que implica el congelamiento por un año en los valores del suministro vigentes al 31 de diciembre último, a cambio de la realización de obras de distribución financiadas por el Ministerio de Planificación Federal. La provincia de San Luis adhirió este martes, fue la última en sumarse al acuerdo (la única provincia que no adhirió fue Santa Fe) que apunta a comenzar a recortar subsidios a la luz en Capital Federal (donde actúan Edenor y Edesur que dependen de la Nación), sin que tenga incidencia en el resto del país, donde las tarifas pueden llegar a ser 8 veces mayores que en el área metropolitana. La norma, establece dos componentes. El primero, habla de la estabilización de tarifas eléctricas, por la que las provincias firmantes se comprometen por 365 días a retrotraer y mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes. El segundo componente se define como Acciones necesarias para la convergencia tarifaria y establece que las distribuidoras no tengan deudas con Cammesa como condición para que puedan ejecutar las obras tendientes a mejorar la eficiencia de la prestación del servicio de energía eléctrica. En esta línea, la resolución ordena a las distribuidoras con deudas a favor de Cammesa rubricar un plan de pago de hasta 36 cuotas con las administradora del mercado eléctrico (MEM) para su total cancelación.