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n gran revuelo se vive en la ciudad de Victoria, gobernada por Rubén Darío Garcilazo (FPV). Y es que el pasado viernes el Concejo Deliberante local se convirtió en la escena de una pesquisa policial. En rigor, el HCD fue allanado por parte del personal de la Fiscalía, producto de una denuncia radicada por la concejal Laura Caballero (FEF). Según el edil se habría intentado alterar la documentación correspondiente a la votación del estacionamiento medido, para ajustarla a derecho. Ahora, la justicia averiguará si el "arreglo" tenía que ver con un punto clave: Donde decía "aprobado por mayoría" se habría reescrito: "por dos tercios". Para la instalación y uso de los elementos electrónicos por los que ahora se cobra estacionamiento en el centro, se requería el voto de los dos tercios (2/3) del Concejo Deliberante. A la sesión faltó una concejal y la votación a favor alcanzó los dos tercios calculando sobre la cantidad de ediles presentes. Para la oposición, que considera que la ley manda a calcular sobre el total de miembros del Concejo y no sobre la cantidad presente, la ordenanza fue aprobada por mayoría simple, lo cual la invalidaría. En esa oportunidad, según consigna Paralelo 32, el ex funcionario de la gestión Gracia Jaroslavsky, César Zucotti, presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia solicitando una auditoría del TCER sobre este acto (Expte. Nº 581/2013), y días atrás el TCER mandó un requerimiento para que se le mande esa documentación. A raíz de esto Laura Caballero se presentó en la Secretaría del HCD en calidad de concejal, que se le proporcionara el acta de la sesión en la que se votó y aprobó la Ordenanza estableciendo el sistema de estacionamiento medido. El acta ya estaba firmada y tendría que estar agregada al libro donde se archivan, pero le pidieron que firme una nueva. Otra versión dice que Caballero fue citada para firmar nuevamente ese acta, al que se le habría corregido "un error de tipeo". La concejal vio que se eliminó "por mayoría" escribiendo en su lugar "por dos tercios", se enojó, rompió el documento y se fue a la Fiscalía a realizar una denuncia por presunta falsificación de documento público. Ese mismo día el Fiscal de Turno, Dr. Gamal Taleb, solicitó y obtuvo del Juez José Alejandro Calleja, la autorización para una medida de coerción. En horas de la tarde del viernes pasado fue notificado el Jefe de Policía Departamental y con personal de la Fiscalía ingresaron al recinto del HCD con orden de allanamiento, requisa y secuestro de documentos. Al cabo de la requisa y secuestro hubo una conferencia de prensa en la que respondió el concejal Edgardo García (quien por estas horas ocupa la presidencia del Concejo), quien dijo que sólo se trató de un error de tipeo que quisieron corregir. El juez Calleja deberá determinar ahora si hubo irregularidades en el acta, aunque no pudimos saber si juzgará la cuestión de fondo, interpretando el art. 99 de la Ley 10.082 que habla sobre los 2/3 necesarios para aprobar esta clase de decisiones.