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e la redacción de INFORME DIGITAL El Congreso de la Unión Cívica Radical se desarrolló este sábado pasado en la localidad de Sauce de Luna. Allí el cónclave aprobó a la conformación del Frente Amplio UNEN en la provincia. En una resolución votada por unanimidad, los 215 congresales se expresaron a favor de replicar la propuesta nacional del frente en Entre Ríos. Pero el Congreso radical del pasado sábado no sólo aprobó y trató la formación del nuevo espacio político, también se manifestó acerca de la designación del ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, en el Tribunal de Cuentas. El funcionario asumió el pasado 12 de mayo en una breve ceremonia. El nombramiento fue resistido desde un principio por los dirigentes del centenario partido. Incluso el presidente del Congreso, Juan Arralde impulsó una denuncia judicial. La resolución, también aprobada con la coincidencia de todos los congresales, señala que “dicho nombramiento fue efectuado en abierta violación a la Constitución de Entre Ríos que ordena la realización de un concurso público para cubrir la vacante que se produzca en dicho organismo de control”. “Que la persona elegida para cubrir dicho cargo recayó en un militante político-partidario que revistaba como Ministro de Trabajo y formaba parte de la estructura de gobierno de la gestión actual, pasando de ser autoridad controlada a autoridad controlante sin el mínimo reparo por la cuestión ética comprometida en dicha designación y la altísima función de contralor de la gestión que de modo prácticamente vitalicio ejercerá el mencionado letrado por la estabilidad de su cargo”, agrega la nota a la que accedió INFORME DIGITAL. Resolución completa del Congreso radical: Artículo 1º: “Condenar con enérgico rechazo la designación inconstitucional del Dr. Guillermo Smaldone como Presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, nombrado sin concurso público en abierta violación de la Constitución de Entre Ríos”. Artículo 2º: Repudiar la actitud antiética del Gobernador de Entre Ríos que designó y de los senadores provinciales que prestaron el acuerdo para dicho nombramiento a quien no cumplió los requisitos constitucionales para acceder al cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas. Artículo 3º: denunciar públicamente al Gobierno Provincial por la no reglamentación de los nuevos institutos de control creados por la Convención Constituyente de 2008 y la violación de la máxima Ley del Estado a través de la designación ilegítima de funcionarios en los máximos organismo de control del Estado.