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a empresa del grupo Etchevehere, Las Margaritas S.A., recibió en 2013 un préstamo por 750.000 pesos del Consejo Federal de Inversiones, canalizado a través del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa), propiedad del Grupo Petersen. Esos fondos fueron entregados a pesar de que la compañía estaba intervenida judicialmente desde mayo de ese año, con el balance 2011 impugnado y sin la aprobación formal de los estados contables 2012. El juez Alejandro Diego Grippo, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Entre Ríos, ya le solicitó al Bersa la carpeta crediticia para determinar los pormenores de la operación. El dinero ingresó en la empresa en noviembre de 2013 y la primera cuota del préstamo fue cancelada no bien recibieron los fondos. Este movimiento de dinero coincide con un incremento en la declaración jurada del stock ganadero de la empresa, informado en los balances 2012-2013. La sospecha de los investigadores es que los recursos del CFI fueron utilizados para blanquear parte del stock de hacienda, que sería de 3.500 cabezas, dato que no coincide con lo declarado en los estados contables. El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, estuvo preocupado desde un primer momento por las imputaciones en su contra, a pesar de que haya desconocido la existencia de la demanda penal. La misma fue realizada en diciembre de 2013 y ratificada el 22 de abril de este año. Entre ambas fechas, Etchevehere se presentó en el expediente junto a los abogados Julio Federick y Leopoldo Lambruschini para ponerse a disposición de la Justicia (ver aparte). Las Margaritas S.A., que pertenece al grupo familiar Etchevehere, está intervenida judicialmente desde mayo de 2013 producto de una demanda civil y comercial en el marco de un juicio sucesorio. La instancia penal por defraudación contra los miembros de esta sociedad, Luis Miguel Etchevehere, y sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, más la madre de éstos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, investiga la desviación de un crédito del Banco Itaú por 1.066.000 pesos utilizado para concretar un traspaso de inmuebles hacia otra sociedad de los propios demandados. Este fue el primer paso dentro de una pesquisa que comenzó a indagar sobre otros movimientos de Las Margaritas S.A. Los hechos descriptos, acreditados en el expediente al que tuvo acceso este diario, derivaron en la impugnación del Balance 2011 y una medida cautelar contra los asientos contables de 2010. A su vez, los balances 2012 y 2013 de Las Margaritas nunca fueron aprobados formalmente por la asamblea de la compañía. Sin embargo, los Etchevehere recibieron en 2013 un crédito por 750.000 pesos del CFI, a través del Bersa. Este dinero fue otorgado como “Asistencia Financiera para la Reactivación de Empresas Existentes”, y el funcionario interviniente fue Walter Dandeu. La pregunta de los investigadores es cómo Las Margaritas recibió esa suma de dinero cuando estaba intervenida judicialmente, y con balances impugnados. La hipótesis de la querella es que esos recursos podrían haber servido para “transparentar” el stock de hacienda declarado por la compañía. La hacienda está computada en los balances como bienes de cambio. En 2009, habían registrado un valor para este rubro de 2.389.200 pesos. En 2009, el resultado de la actividad ganadera de la empresa arrojó -en los papeles- una pérdida de 1.704.665 pesos. Al año siguiente, la pérdida fue de 311.520 pesos. En 2011, contabilizaron un quebranto de 641.300 pesos. Este fue el primer balance impugnado en la Justicia. Con la demanda penal ya iniciada, los accionistas de Las Margaritas intentaron aprobar el balance 2012, en una asamblea realizada el 29 de abril de 2014. En esos estados contables, los demandados habían efectuado algunos cambios, que levantaron la sospecha de los investigadores, tanto de la instancia civil como penal. La actividad ganadera comenzó a dar resultados positivos y el stock de cabezas de ganado se multiplicó exponencialmente. Entre 2009 y 2013, el valor de la hacienda registrada como bienes de cambio creció un 137 por ciento, al pasar de 2.389.200 pesos a 5.677.024 pesos. La pregunta de la querella es cómo Las Margaritas logró incrementar exponencialmente el stock de cabezas, si al mismo tiempo declaraban en sus balances importantes pérdidas. La sospecha es que existió un abultado incremento de los costos en los períodos previos a 2011, con una subdeclaración de la hacienda y un posible proceso de blanqueo a partir del inicio de la demanda penal. Dentro de este esquema, la querella apunta a que el préstamo del CFI habría sido utilizado por los Etchevehere para comenzar a “blanquear” su stock. El juez penal Alejandro Diego Grippo le solicitó al Bersa –como al Banco Itaú– todas las carpetas crediticias de Las Margaritas, donde debería aparecer la información vinculada al CFI. La otra pregunta formulada en el expediente es cuál fue el rol de la veedora Haydée Villagra –designada por el juez civil y comercial Martín Furman–, ya que el CFI/Bersa otorgó ese dinero a pesar de la intervención. En 2009, la empresa declaró un resultado económico de 1.597.991 pesos, al año siguiente fue de 300.720 pesos, luego corregido a 103.229 pesos. En 2012, la rentabilidad luego del pago al Impuesto a las Ganancias fue de 1.503.083 pesos. Al año siguiente, fue un poco superior, 1.627.171 pesos, pero en 2013 descendieron a 50.870 pesos. De 2012 a 2013, elevaron sus costos de producción en un 157 por ciento, y por ende, redujeron sus márgenes de ganancias. De esta manera, habrían evitado el pago de impuestos. Y el endeudamiento con el sistema financiero pasó, según lo declarado en los balances, de 606.012 pesos a 2.369.018 pesos, un incremento del 290 por ciento. Los datos de los créditos solicitados y otorgados no guardan relación con los resultados económicos declarados por la compañía. Es decir, se está investigando si los demandados tomaron créditos que no aparecen reflejados en la actividad productiva de Las Margaritas para luego concretar otros negocios. Uno de esos préstamos –el del Banco Itaú por 1.066.000 pesos– ya es investigado por el juez Grippo, publicó Página/12.