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os policías están imputados por sedición agravada y otros delitos como privación ilegítima de la libertad, lesiones, peculado e incitación a cometer delitos por los hechos acaecidos el 8 y 9 de diciembre en Concordia. La lista de los policías que seguirían con prisión preventiva incluye a 16 de los 17 detenidos inicialmente, más el recientemente apresado Alfredo Imaz. A raíz de la apelación de los defensores, la medida será revisada por el Juez de la Cámara de Apelaciones Martín Carbonell. Carbonell ya tuvo que decidir una apelación al dictado de la prisión preventiva, el 26 de febrero, y negó el pedido de los abogados defensores. En esa oportunidad el juez señaló: “En pocas causas como en esta he tenido tan clara la probabilidad de entorpecimiento” de la investigación por parte de los detenidos, si recuperan la libertad. De los 17 detenidos iniciales, uno recuperó la libertad. Se trata del agente Esteban Cendra, de cuyo caso el juez entendió que no existían pruebas estrictas de su participación en los hechos, tal como lo había planteado su defensor, Edelmiro Díaz Vélez. El planteo más atendible fue el del defensor oficial Alejandro Giorgio, quien cuestionó la imputación por el delito de incitación a cometer robo calamitoso, que por el momento se sustenta en la publicidad que hicieron los funcionarios de su inacción, según informó Análisis Digital. La posición de Giorgio ataca al fallo desde la doctrina, debido a que si logra hacer caer la imputación por ese delito la pena presumible no sería de cumplimiento efectivo, por lo que no se daría el presupuesto para la prisión preventiva. El fallo Funes Palacios ratificó la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz y Carlos Daniel Zaragoza entendiendo que resultaba necesario extenderla, como “máxima necesidad para neutralizar el peligro grave de que se intentase obstaculizar la investigación”, llevada adelante por el fiscal Mario Guerrero. Fue así que detalló las denuncias por amenazas de cerca de 10 personas que tras las detenciones afirmaron haber sido intimadas por los familiares de los policías imputados en los delitos. Rechazó los sobreseimientos y cambios de calificaciones que solicitaban los defensores y enfatizó que el análisis que se ha hecho de las exposiciones en las reiteradas audiencias correspondía más a un debate en un juicio que a una instancia preliminar. El juez cuestionó el trabajo de los abogados defensores y dijo que la búsqueda de mayores pruebas es algo “caprichoso” de los defensores. Enfatizó que la defensa debe llevar adelante las investigaciones, “saliendo a buscar datos y pudiendo conseguir información para comprobar la participación o no de los imputados”, precisó Diario Río Uruguay. Luego agregó que casi la totalidad de las pruebas fueron aportadas por el fiscal Guerrero. El juez contestó cada uno de los planteos hechos por los abogados y contextualizó su veredicto en “el previsible temor de civiles en aportar declaraciones para el avance de la causa”. Hizo hincapié en la “capacidad organizativa de los familiares” a la hora de instalar una carpa de protesta frente a la Jefatura, entregar folletos a la vera de la autovía de la ruta 14 y hasta crear una cuenta por la red social Facebook donde se ventilaban los nombres de las personas que acudían a prestar testimonios en contra de los agentes.