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l juez Alberto Funes Palacios estableció la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial por lo que su nombre encabeza la carátula del caso. El magistrado determinó que era necesario extender la prisión preventiva como “máxima necesidad para neutralizar el peligro grave de que se intentará obstaculizar la investigación” del fiscal. Fue así que detalló las denuncias por amenazas de cerca de 10 personas que tras las detenciones afirmaron haber sido intimadas por los familiares. Según consignó Diario Río Uruguay, Palacios rechazó los sobreseimientos y cambios de calificaciones que solicitaban los defensores y enfatizó que el análisis que se ha hecho de las exposiciones en las reiteradas audiencias correspondía más a un debate en un juicio. El juez cuestionó el pobre trabajo de los abogados y dijo que la búsqueda de mayores pruebas es algo “caprichoso” de los defensores. Enfatizó que la defensa debe llevar adelante las investigaciones, “saliendo a buscar datos y pudiendo conseguir información para comprobar la participación o no de los imputados”. Agregando que casi la totalidad de las pruebas fueron aportadas por el fiscal Guerrero, donde luego hubo un cuestionamiento pero existió un acuerdo probatorio previo. En ese marco, Funes Palacios revocó la prisión preventiva para el agente Esteban Cendra, entendiendo que no existían pruebas estrictas de su participación con las pruebas aportadas por el fiscal y fue así que hizo lugar al planteo hecho por su abogado Edelmiro Díaz Vélez. El juez contestó cada uno de los planteos hecho por los abogados y contextualizó su veredicto en “el previsible temor de civiles en aportar con declaraciones para que el avance de la causa”. Hizo énfasis en la “capacidad organizativa de los familiares” a la hora de instalar una carpa de protesta frente a la Jefatura, entregar folletos a la vera de la autovía de la ruta 14 y hasta crear una cuenta por la red social Facebook donde se ventilaban los nombres de las personas que acudían a prestar testimonios en contra de los agentes.